La industria aseguradora dijo que ante los incumplimientos y demoras que se presentan en varias obras públicas en el país y los costos que eso genera para el sector, el apetito por asumir esos riesgos bajó.
Además, a nivel internacional también hay inquietud por parte de las reaseguradoras ya que Colombia está por fuera del estándar, lo que es una mala señal de cara al futuro.
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Así lo expresó Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, en la instalación de la convención del sector asegurador quien recordó que el seguro cubre riesgos y no siniestros.
Señaló que al sector le preocupa la creciente siniestralidad de los contratos públicos y aclaró que “es cierto que muchas de las obras públicas son complejas y tienen imponderables difíciles de prever. Pero no puede ser válido que resulte excepcional que una obra contratada por el Estado se concluya dentro de los plazos y presupuestos previstos”.
El dirigente gremial dijo que no es posible que tantas obras tengan problemas en su planeación, ejecución o control. “Detrás de estos problemas crónicos en los procesos de contratación hay pólizas de seguros”.
Reveló que en los últimos cinco años, el sector ha asumido reclamaciones por $1,9 billones en el ramo de cumplimiento.
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“Pero es evidente que la sucesión, cada vez más frecuente de estos siniestros, algunos de ellos de montos billonarios, generan preocupación en las estructuras internacionales de reaseguro que perciben que el riesgo de este tipo de operaciones en Colombia es muy superior a los estándares internacionales”.
Advirtió que el seguro no es un paliativo contra la corrupción o la ineficiencia en la contratación pública porque la persistencia de estos problemas terminará por reducir la cobertura necesaria para proteger los intereses del Estado.
LO QUE ESTÁ PASANDO
Advirtió que no es válido considerar que el fracaso de un proyecto de inversión pública deja de ser grave si las compañías aseguradoras o las garantías bancarias asumen el siniestro.
Y justificó la disminución en el apetito del sector por asumir riesgos en la contratación pública, “pues no estamos logrando garantizar que lo que se está cubriendo es una probabilidad y no la certeza de un siniestro”.
A la industria aseguradora le preocupa “la tendencia que observamos en el legislativo y también en el Gobierno, de querer obligar a las aseguradoras o a quienes ejercen una determinada actividad económica, a emitir o contar con pólizas de seguro sin que se realicen los análisis técnicos, económicos y sociales”.
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Dijo que la creación de una cobertura obligatoria representa la “intervención del Estado en un mercado que, de otra manera, debería actuar bajo la libre oferta y demanda”.
Y recomendó que es deseable que ciertas actividades, especialmente aquellas catalogadas como peligrosas, cuenten con un seguro pues quienes desarrollan estas actividades pueden causar daños y perjuicios a terceras personas en cuantías que, generalmente, superan el monto de sus patrimonios. Eso sí, advirtió que estas personas deben cumplir con unas condiciones mínimas para la realización de su actividad que, de no existir, exacerban el riesgo al punto que imposibilitan el otorgamiento de una protección.
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Fuente: Portafolio
