“La competitividad del país afecta su capacidad productiva y el día a día de todas las personas que en él vivimos. Para avanzar en la construcción de una sociedad más prospera y equitativa, es necesario tomar decisiones que nos hagan más productivos en el largo plazo”.
Así lo señaló la presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), Ana Fernanda Maiguashca, en el evento de lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022. Se trata de la decimoquinta edición del Informe desde que se creó el Consejo en 2007, el cual busca trascender el lenguaje tradicional de la competitividad y muestra cómo ella permea y afecta cada aspecto de la vida de las personas, convirtiéndola en un asunto de todos.
El mensaje es claro y por ello plantea una hoja de ruta en: 1) educación y empleo de calidad, 2) desarrollo de mercados, 3) conexión física y digital y 4) un Estado eficiente, al que todos podamos contribuir y exigir.
Se trata de aspectos que, para el Consejo Privado de Competitividad, son claves para el desarrollo económico y social del país.
El documento recuerda que 2020 fue un periodo desafiante a nivel global, con repercusiones sobre la salud y la economía por cuenta de la crisis sanitaria. “Colombia no fue ajeno a esto, con la pérdida de más de 120 mil vidas, la contracción de la economía en 6,8% y con 3,5 millones de personas más en condición de pobreza”.
Para el CPC, la pandemia hizo evidente que los países más competitivos tuvieron mayor capacidad para atender las necesidades de las personas y de las empresas.
En Colombia, iniciativas como Ingreso Solidario, la Compensación del IVA y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), apoyaron a los más vulnerables y protegieron el empleo. Así mismo, los avances en vacunación permiten hoy pensar con optimismo en el futuro.
Las recomendaciones del Informe se agrupan alrededor de 4 objetivos prioritarios:
1. Recuperar la esperanza: educación y empleo de calidad. Es fundamental el regreso a la educación presencial de 2,2 millones de niños, niñas y adolescentes e iniciar el proceso para remediar las pérdidas de aprendizaje por el cierre de los centros educativos. A 2020, un joven de 15 años en el país contaba con cerca de tres años menos de escolaridad respecto a un estudiante promedio de la Ocde, un fenómeno que tendió a agravarse por cuenta de la pandemia.
La calidad de la educación sigue siendo un reto para el país y sobre todo su pertinencia para el trabajo. La implementación del Marco Nacional de Cualificaciones sería un avance importante en esta dirección.
Es fundamental resaltar que muchas de las reglas del mercado laboral, pensadas para proteger a los empleados, no previnieron que éstos perdieran su trabajo en la pandemia. En cambio, hoy se convierten en barreras para que los informales (48% de los ocupados), los desempleados (12% de la población económicamente activa) y quienes tuvieron que desistir de la búsqueda de un empleo en medio de la pandemia, puedan encontrar un trabajo formal.
2. Mercados para competir, crecer y ser mejores. Hay que revisar nuestros marcos regulatorios, fomentando una mayor dinámica de mercado y poniendo al consumidor en el centro. Esto nos permitirá también competir con éxito en los mercados internacionales. Colombia ocupa el puesto 126 entre 141 países en efectos de la regulación sobre la competencia. Es el país con peor puntaje de la Ocde en complejidad del proceso regulatorio y en licencias y permisos para nuevas empresas.
Por otra parte, hay que fomentar la absorción de tecnología y conocimiento en el aparato productivo, y creemos que las propuestas de la Misión de Internacionalización son un medio efectivo para esto. Por último, debemos continuar aprovechando las oportunidades que el tránsito a la carbono-neutralidad le ofrece al país.
3. Un país más y mejor conectado para este esfuerzo colectivo. Para ello, se requiere llevar conectividad digital de calidad a todo el territorio nacional.
4. Un Estado eficiente, al que todos podamos contribuir y exigir. El país debe avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales, de acuerdo con su ingreso, y menos en las empresas, que no son más que procesos productivos; eliminar exenciones y tratamientos especiales en el impuesto a la renta corporativa, así como en el impuesto al valor agregado (IVA) y; sustituir el impuesto de industria y comercio (ICA).
Los procesos de revisión y simplificación regulatoria tienen un impacto significativo sobre la productividad total de los factores (0,6 % en promedio).
Entre 1999 y 2019 se emitieron en promedio 2,67 decretos por día, y más de uno de ellos tenía carácter sustancial. Algunos subsidios sociales requieren mejores mecanismos de focalización. El sistema de provisión de cargos públicos no es ágil ni eficiente.
Fuente: La Republica
