Independientemente del candidato que gane las elecciones presidenciales, una de las primeras tareas que deberá enfrentar será ponerse al frente del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023.
Pese a esto y cumpliendo con las disposiciones de ley, el Gobierno ya presentó en el Congreso el anteproyecto en abril pasado y no se descarta que cuando entre el nuevo Ejecutivo, se modifiquen los topes de recursos que inicialmente contempla el que estructuró el ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta las peticiones de 158 entidades públicas.
De acuerdo con el cronograma establecido, solo en el periodo entre el 20 y 29 de julio, el Gobierno someterá a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de PGN, pero será dentro de los diez primeros días de las sesiones ordinarias de ese cuerpo legislativo (20-29 de julio).
La propuesta financiera que contempla el anteproyecto es de $344 billones, es decir, cae 1,5% con $6 billones menos en comparación con el presupuesto actual. En declaraciones a los medios, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que “la propuesta financiera sería de $344 billones, es decir, cae en 1,5%, con $6 billones menos, en comparación con el actual. Es un hecho que se va a tener que considerar que 2023 será el segundo año en el que aplique la nueva regla fiscal. En ese orden de ideas, hay que garantizar la continuidad del ajuste real y ordenado de las finanzas públicas, incorporando el compromiso de austeridad en gasto público, y dando una respuesta a las necesidades en los distintos sectores de la economía.
Propuestas
Respecto a las propuestas de algunos candidatos que hablan de pasar nuevos gastos al presupuesto, el ministro salió al paso de esas pretensiones y dijo que “en cualquiera de las iniciativas de los candidatos, se debe considerar no solo el gasto y su impacto social, sino el impacto fiscal y, sobre todo, la fuente de recursos con la cual se va a financiar la propuesta. Es el único camino para lograr que el presupuesto sea responsable con las finanzas públicas. Estamos saliendo de un impacto fuerte. Se necesita dar continuidad a ese esfuerzo de ajuste gradual y ordenado de las finanzas”.
El ministro, sin embargo, ha recalcado que “hay que seguir pensando en austeridad, pues el país está saliendo de la crisis sanitaria y económica que generó el Covid y aunque se tienen proyecciones positivas de crecimiento y de la continuidad de la reactivación, es importante tener en cuenta el gasto público y las finanzas del país, eso sí, sin descuidar la economía de los diferentes sectores”.
Más para el agro
Por su parte, el senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, dijo a EL NUEVO SIGLO sobre los rubros que contempla el PGN, que “creo que el presupuesto para el sector agropecuario debería crecer entre $10 a $12 billones, $6 billones para igualar el presupuesto del 2022 y otro $6 billones para impactar los índices de pobreza y desempleo. En este Ministerio de Agricultura hay que hacer inversiones importantes para beneficiar la producción de alimentos, la financiación de los insumos agropecuarios, y la creación de subsidios”.
Sostuvo Cepeda Sarabia que “en cuanto a educación se debe hacer un esfuerzo para construir subsedes de centros de educación superior cerca de la periferia para que quienes vivan en estas zonas, puedan acceder fácilmente y no tengan que incurrir en el costo adicional del transporte”.
Asimismo, el senador afirma que “el sector de educación, así como el de agricultura y vivienda que es un gran generador de empleo, son fundamentales en el desarrollo del país. Colombia necesita inversión y crecimiento económico, así como bajar los índices de pobreza”. De acuerdo con el congresista el Presupuesto General de la Nación se empezará a discutir el 28 de julio y el último debate será a mediados de octubre.
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Cuestionamientos
De otro lado, algunos sectores o entidades han sido cuestionados por los montos solicitados. Este es el caso de la Registraduría que pidió un presupuesto similar al que obtuvo en el 2022 pese a que en 2023 el país no tendrá doble jornada electoral.
En este sentido la senadora María del Rosario Guerra dijo a los medios de comunicación: ¿cómo una entidad que cada año pide más presupuesto responde con resultados tan cuestionables. En 2021 el presupuesto asignado fue de $1.16 billones, cifra que para 2022 aumentó a $2.2 billones, precisamente para preparar el proceso electoral. Si hay más plata, por qué la Registraduría presenta tantas falencias en materia tecnológica, logística electoral y contratación de personal, entre muchos otros”.
De acuerdo con el documento presentado, para el servicio a la deuda se pretenden destinar $83,8 billones, un dato que crece sustancialmente desde los $71,7 billones que se aprobaron para la vigencia del año 2022.
Sin duda este será uno de los grandes retos que tendrá el próximo gobierno teniendo en cuenta que el déficit fiscal es de 6,2%, por lo que la austeridad, el buen manejo de los recursos, el camino de la reactivación, la atención a la población vulnerable, entre otros aspectos, son indispensables para el buen funcionamiento del país en materia fiscal.
Los sectores de educación y salud son a los que más se les asignaría recursos de acuerdo con el anteproyecto, en ese sentido el próximo gobierno contaría con $50,8 billones para Educación, un aumento dado desde los $49,4 billones del 2022, para Salud serían destinados $42,5 billones. De otro lado $31,7 billones se destinarían para la cartera de Trabajo.
De la misma manera, el Ministerio de Defensa solicitó $17,7 billones, a su vez la cartera de Hacienda pretender $15,7 billones
El cronograma del PGN
Luego de que el PGN es presentado al Congreso entre el 20 y 29 de julio, y de acuerdo con el artículo 347 constitucional, si los ingresos no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá, por separado, ante las comisiones económicas, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.
-Antes del 15 de agosto, las comisiones económicas del Senado de la República y Cámara de Representantes podrán resolver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de la Ley Orgánica, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que haga los ajustes necesarios.
-Antes del 30 de agosto, el Ministerio de Hacienda presentará de nuevo al Congreso el proyecto de PGN con las enmiendas correspondientes, en caso de que este haya sido devuelto.
-Antes del 15 de septiembre las comisiones económicas del Senado de la República y Cámara de Representantes decidirán sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos.
-Hasta el 25 de septiembre, las comisiones económicas decidirán en primer debate sobre la aprobación del proyecto.
-A partir del 1º de octubre de cada año se dará inició a la discusión del proyecto de ley en plenarias de Cámara y Senado.
– Antes de la media noche del 20 de octubre, las cámaras del Congreso de la República decidirán en segundo debate sobre la aprobación de la Ley de PGN.
-Después del 20 de octubre, el presidente de la República sancionará la Ley de PGN y expedirá el correspondiente decreto de liquidación, ambos con efectos fiscales desde el 1º de enero.
-La fecha límite para la firma del presidente es el 30 de diciembre y ese mismo día expide el decreto correspondiente.
Fuente: El Nuevo Siglo
