Uno de los cambios en la implementación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, fue el de garantizar su implementación desde el primer día de clases, por lo que se le asignaron $1,12 billones de presupuesto.
(En 2020, 476 mil estudiantes no se beneficiaron del PAE).
Por tanto, las Secretarías de Educación Certificadas debían adelantar procesos administrativos para garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la Contraloría General de la República, en su informe sobre el PAE, señaló que 25 de estas entidades no cumplieron con este requisitos. Esto corresponde al 40,9% de las secretarías que empezaron calendario escolar el 17 y 24 de enero.
Entre estas estuvieron entidades de los departamentos de Chocó, Caquetá, Cesar, Caldas, Santander, Huila, Magdalena, Sucre y Antioquia.
A la Contraloría le preocupa que ocho secretarías (Caldas, Caquetá, Chocó, Huila, Neiva, Piedecuesta, Pitalito, Sucre) no cuenten con los lineamientos exigidos para cumplir con la alimentación de los estudiantes. Algunas secretarías ni siquiera han reportado sus avances en la contratación. En el caso de Piedecuesta se pospondrá este servicio hasta la tercera semana de febrero, dejando sin su porción alimenticia a los alumnos durante este tiempo.
(Estudiantes beneficiarios del PAE recibieron carne de burro y caballo).
Huila y Neiva ya tienen su proceso administrativo completo, sin embargo, no han iniciado el programa.
Así las cosas, la Contraloría, con corte a enero de 2022, ha confirmado y emitido 35 fallos, en segunda instancia, por responsabilidad fiscal contra Entidades Territoriales y Operadores del PAE en 6 departamentos, 17 municipios y una entidad del orden nacional por valor de $7.901 millones.
Las acciones a juzgar incluyen el indebido manejo de las cuentas del programa, suspensión o cancelación del servicio y pago de mayores tarifas en relación con el número de entregas. Así como la entrega de alimentos sin plantillas o constancias, que dieron lugar a duplicidad en porciones.
También el ente de control denunció la existencia de suministros incompletos, “sin seguir las minutas de higiene o refrigeración”, agregó.
Además de las irregularidades en contratos, valores no ejecutados y los pagos por alumnos no matriculados. Por estos fallos, la Contraloría ha logrado el resarcimiento del patrimonio público por $1.710 millones en 35 procesos.
Ahora bien, respecto a indagaciones e investigaciones actuales, el ente de control aseguró que adelanta 144 procesos por más de $42.000 millones.
RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2021
Durante el 2021, 13 Secretarias de Educación Certificadas presentaron los mayores incumplimientos en la implementación del PAE, con fallas en calidad, logística y cobertura.
Estas entidades fueron Amazonas, Popayán, Putumayo, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Vaupés.
La Contraloría encontró que la mayoría no prestó el servicio de alimentación hasta el segundo de semestre del año, afectando así el curso de las comidas de los estudiantes en casa y también en modalidad presencial.
Entre las fallas encontradas, la Contraloría halló que en el caso de Vaupés se vulneró a población indígena, y quedaron pendientes de entrega 601 porciones.
Ahora bien, Amazonas fue una de las entidades territoriales con más problemas e irregularidades. Tuvo cambio de tres secretarios de educación, por lo que retrasó el curso del PAE.
Además, la Contraloría calificó como un hecho motivo de investigación penal a las presuntas amenazas a la secretaría de educación departamental por no acceder a ilegalidades en el proceso de contratación por parte de un operador del programa.
Respecto a la cobertura, en general del programa, el ente de control señaló que fue del 74,4%, siendo beneficiados 5.817.944 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años. Sin embargo, hacen falta por recibir sus porciones 2’001.224 estudiantes.
JULIANA PEÑA
Fuente: Portafolio