Como en cada año electoral, cuatro meses antes de las votaciones entra en vigor la Ley de Garantías, una normativa que prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos dicho periodo. Esa restricción empezará a regir este 29 de enero, y a pesar de que en la Ley de Presupuesto para 2022 se dispuso de una excepción para este año, con el fin de seguir impulsando la reactivación, no todos los contratos están cobijados.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, durante los últimos días se ha visto un incremento importante en los niveles de contratos, al punto que incluso se ha quintuplicado el volumen diario de operaciones que maneja la entidad, que según reportó, en enero se han registrado hasta más de 32.000 contratos en un día en la plataforma Secop II, cuando el nivel más alto que había manejado previamente era de 6.400.
De acuerdo con Colombia Compra Eficiente, al 27 de enero y faltando 30 horas para la entrada de la ley de garantías, se habían celebrado 276.410 contratos, y según la agencia de contratación pública del Estado, se tienen 1.315 entidades transando en línea y en tiempo real.
“La intervención de la Ley de garantías electorales hace que las entidades realicen, en enero, la contratación que requieren para el año. Este es el año en que más se ha exigido al Secop II, pero no en el que se han celebrado más contratos”, explicó José Andrés O’Meara, director general de la entidad.
De acuerdo con el funcionario, también este aumento de los contratos tiene que ver con que se aproxima la entrada de la Ley de Garantías. “Se ha incrementado en los últimos días. El 1 de enero fueron apenas 150, el 2 de enero 87, el 3 de enero ya ascendía a 1.660. el 4 de enero fueron 2.667. Pero por ejemplo ayer fueron 32.000. La ‘colombianada’ se plasma, dejamos todo para última hora”, aseguró O’Meara.
Según la agencia, las entidades han concentrado el 50% de sus procesos de contratación en los últimos 7 días, sin que se hubiera aprovechado la capacidad instalada de la plataforma en los primeros días del mes.
A pesar de ello, de acuerdo con el funcionario, “para una ley de garantías la contratación está baja, en 2018 se firmaron 393.451 contratos en enero de 2018 que es el último año electoral comparativamente hablando. La diferencia es que en el actual gobierno hemos incrementado nuestra política de transparencia de la Ocde, Secop I era solo un PDF, pero en Secop II tenemos toda una trazabilidad transaccional del contrato en línea y en tiempo real”, aseguró.
Según el director de la entidad, mientras que en 2018 solo 43.000 se realizaron por Secop II, este año la totalidad se está efectuando por la plataforma.
“El fortalecimiento del Secop II ha sido de cerca del 500%”, indicó O’ Meara. La entidad también destaca que parte del aumento en los procesos tiene que ver con que en los últimos años ha aumentado el uso de la plataforma. “La capacidad de la plataforma Secop II se ha incrementado en niveles históricos. Pasamos de transar $26 billones en 2019 a $99 billones en 2021”.
CONTRATACIÓN EN 2022
Con la excepción que se incluyó en la Ley de Presupuesto para este año, se abrió la puerta para que las entidades continúen celebrando contratos, pues se modificó uno de los incisos de la norma para que la Nación pueda celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación.
Esta determinación, según indicó en su momento el Gobierno, se dio “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”, y solo aplicará para la vigencia fiscal 2022. Pero la celebración de estos contratos será objeto de un control especial por la Contraloría General.
“A partir de mañana ya no se puede llevar a cabo ninguna contratación directa, todo lo que se haga a partir del sábado 29 a las 00:01 horas es licitaciones, selecciones abreviadas y mínimas cuantías. La contratación directa como modalidad de selección de contratistas queda prohibida”, explicó O’ Meara.
El funcionario explicó que estos procesos los realiza cada entidad de forma independiente, pero Colombia Compra Eficiente formula políticas en materia de seguridad jurídica y también administra la plataforma Secop II.
Jorge Santos, profesor de Contratación Pública de la Universidad Externado, explicó que “lo que empieza a regir es la prohibición de la contratación directa hasta las elecciones y si hay segunda vuelta, hasta la segunda vuelta. Las entidad hacen un buen número de contratos de prestación de servicios para los contratistas, pero este año terminaron haciéndolos en enero en víspera de la ley de garantías, terminaron haciendo los mismos contratos, pero en menos tiempo. Esto es algo que ha pasado siempre, incluso desde la primera vez que se aplicó la ley de garantías”.
De acuerdo con el docente, el único cambio concreto es que antes terminaba en noviembre la posibilidad de contratación de la nación con los territorios y la prohibición se desplazó hasta enero. “Son los mismos contratos que hubieran celebrado en menor tiempo. Es más ruido que realidad”, aseguró.
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Fuente: Portafolio
