Tres municipios del país que hacían cuentas para mejorar sus finanzas con la llegada de igual número de proyectos mineros a gran escala a sus regiones, se quedaron con los brazos cruzados ya que hoy no saben si al fin estos complejos industriales extractivos van a operar.
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La incertidumbre la viven las cabeceras de Jericó (Antioquia), California (Santander) y Cajamarca (Tolima), las dos primeras por archivo de licencia ambiental y la tercera por consulta popular, a las que no solo se les cerró las puertas de nuevos empleos directos, sino además no se pudieron desarrollar los encadenamientos productivos y las economías de escala que generarían estos proyectos mineros.
Lo anterior sin contar con los millonarios recursos que entrarían a las respectivas arcas municipales por concepto de regalías, impuestos y derechos económicos, con los cuales se podrían haber desarrollados obras de infraestructura, modernización de centros de salud o instituciones educativas.
El caso más sonado y reciente es Jericó, municipio en el que la multinacional AngloGold Ashanti tiene proyectado desarrollar la iniciativa cuprífera de Quebradona, la cual esta suspendida debido a que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidió archivar el trámite de su licencia ambiental.
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Con esta decisión administrativa, el municipio antioqueño dejaría de recibir más de $16.000 millones al año en regalías, no se gestionarían compras locales por más de $40.000 millones al año, para inversión social ya no se contaría con más de $7.000 millones al año, ni más de $1.400 millones al año en planes de compensación, y no se generarían cerca de 3.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Así mismo, la nación se vería afectada ya que no se percibirían más de $65.000 millones al año en regalías, ni los más de $700 millones por predial y los más de $2.500 millones por impuesto de renta, ni se generarían cerca de $300.000 millones por compras nacionales.
“Solo sé que con el proyecto de Quebradona el municipio iba a recibir muchos más recursos para inversión social”, resaltó David Alonso Toro, alcalde de Jericó.
En la misma situación se encuentra el municipio de California, en Santander, ya que en enero pasado la Anla también le archivó el tramite de la licencia ambiental al Minesa, compañía minera que tiene la intención de desarrollar el proyecto aurífero de Soto Norte.
Con la decisión de la autoridad ambiental, la cabecera de California dejaría de recibir más de $472.000 millones al año para inversión social, más de $13, 5 billones en encadenamientos productivos a lo largo de la vida útil de la mina (25 años), no se percibirían más de $6,5 billones por ingresos fiscales (25 años), o tampoco se viabilizarían más de $4,6 billones de inversión durante la etapa de construcción y montaje, lo que ayudaría a la reducción de las brechas de inequidad con aproximadamente 5.000 empleos directos e indirectos.
“Con este tipo de decisiones nos condenan a seguir en la informalidad, desconociendo el contexto socio económico, sin ofrecernos una alternativa viable para sacar de la pobreza a las familias que representamos”, señaló el proyecto de formalización minera Calimineros a través de un comunicado.
Sin embargo, el municipio que está llevando la peor parte es el de Cajamarca, ya que después del 26 de marzo de 2017 una consulta popular vetara el proyecto aurífero de La Colosa, dejó a la cabecera en un limbo económico, ya que la mayoría de habitantes que vivían de alguna actividad económica relacionada con la operación minera están afectados.
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“Hay una desaceleración. Los proyectos de infraestructura para educación, salud y vivienda del municipio están semiparalizados”, señalaron voceros de la alcaldía.
Así mismo, por concepto de nómina se dejaron de percibir alrededor de $2.000 millones mensuales en dinero circulante, esto afectó seriamente la dinámica económica del municipio sin contar, que al dejar de circular estos dineros el comercio no solo decreció, sino también la actividad productiva, resintiendo la economía local, y de paso afectando el bolsillo de los cerca de 10.000 habitantes que posee el casco urbano.
Fuente: Portafolio
