“Elkin tiene 7 años, vive en el área rural de Planeta Rica y está en primero de primaria. Elkin ha recibido educación pública durante toda su vida, y sin embargo, la probabilidad de que se gradúe de bachillerato es de apenas 44%”. Con esta historia, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), abrió paso a la presentación de los resultados del Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, el cual fue publicado este martes.
Entre los principales hallazgos del reporte, que llega a su edición número 15, y revisa los retos y oportunidades que tiene el país en 16 áreas, como son educación, salud, mercado laboral, productividad y emprendimiento, eficiencia del Estado, energía y sistema tributario, entre otros, está la necesidad de trabajar en una hoja de ruta para que el país no se vea rezagado en el corto y mediano plazo en materia de competitividad.
(Vea: Sectores económicos que llevaron el PIB del tercer trimestre a 13,2 %).
“Cuando hablamos de competitividad nos referimos a cómo estamos nosotros frente a pares, lo cierto es que el mundo tuvo que hacer un alto en el camino para atender toda la vulnerabilidad que la pandemia generó”, dijo Maiguashca, y añadió: “hoy en día no tenemos un ranking que nos diga si avanzamos o retrocedimos, tuvimos que hacer un alto sobre ciertas inversiones de largo plazo, y aún así, ganamos en algunas cosas como inversiones en economía digital, inclusión financiera a través de medios digitales, o telemedicina. Son avances que tal vez no hubiéramos recorrido este trecho. Además de todos los programas sociales”.
De allí que el CPC se enfocó en cuatro aspectos como la base de la hoja de ruta para la competividad. El primero se desarrolla en torno a la educación y el empleo. De hecho, estas son dos de las brechas en las que más enfatizó el reporte, que aboga por el retorno a la educación presencial de 2,2 millones de niños y desarrollar una estrategia integral para atender a niñas, niños y jóvenes en riesgo de deserción en la educación básica, media y superior. El informe muestra cómo las tasas de cobertura neta en primaria, secundaria y media en 2020 fueron 89 %, 79 % y 47%, lo que representa una brecha de 10, 18 y 46 puntos porcentuales frente al promedio de la Ocde.
(Vea: Exportaciones de mipymes colombianas y latinas, la salida a la crisis).
En materia de empleo, el CPC señala que el país fue uno de los que mayores aumentos del desempleo entre marzo de 2020 y junio de 2021 tuvo dentro de la Ocde, y que se requiere actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo.
En segundo lugar, el país tiene la tarea de revisar sus marcos regulatorios, fomentando una mayor dinámica de mercado, con el fin de impulsar productivamente los mercados.
El informe sostiene que “aumentar el ingreso y bienestar de las personas de forma sostenible solo puede lograrse aumentando la productividad”, lo que se facilitaría por medio de un Análisis de Impacto Normativo a los reglamentos técnicos emitidos hace más de cinco años y derogar los que no tengan evidencia de un impacto positivo o la ejecución de un censo económico, el publicar los microdatos anonimizados del Registro Único Tributario y hacer pública la base de datos del Registro Único Empresarial.
(Vea: Colombia sería la segunda economía de la región con mayor crecimiento).
El tercer punto de la hoja de ruta es la conectividad. En materia digital, si bien se han dado avances importantes, el país continúa como el de menor penetración de internet de banda ancha móvil y fija de la Ocde, mientras que en materia de servicios y transporte el CPC señala que se debe seguir avanzando en la diversificación de la matriz de generación de energía y en una red de transporte intermodal en todo el país.
Uno de los puntos importantes del plan de competividad es la conectividad.
AFP
Finalmente, un Estado eficiente es fundamental. Por un lado, se propone una reforma pensional que permita una mayor eficiencia del gasto público, y por otro, buscar “un sistema tributario eficiente, equitativo y progresivo, que fomente la formalidad”.
El informe señala como “las medidas fiscales y de liquidez implementadas para apoyar a los hogares y las empresas durante la pandemia impactaron el recaudo tributario y el balance fiscal”, pero reconoce que es necesario deducir la carga tributaria corporativa.
Entre algunas de las barreras que menciona el informe está que el recaudo tributario total como porcentaje del PIB es de 19,7 %, frente a 21,4% del promedio regional y 33,6% de la Ocde; y también que 79,9% del recaudo de impuestos directos proviene de personas jurídicas, cuando para el promedio de los países de la Ocde este porcentaje equivale a 29%.
(Vea: Crisis de suministros: los productos que escasearían en Colombia).
Las otras dos recomendaciones en materia tributaria y fiscal que presentó el CPC son la necesidad de racionalizar exenciones y regímenes especiales para reducir el gasto tributario y aumentar la equidad del sistema y ampliar el umbral a partir del cual se declara el impuesto de renta de las personas naturales para aumentar la base gravable.
“Tenemos que avanzar hacia una estructura tributaria que se apoye más en las personas naturales, teniendo en cuenta sus ingresos, y menos en las empresas, que no son más que procesos productivos”, dijo Maiguaschca en la presentación del informe.
Así mismo, el Informe Nacional de Competitividad reconoce que el gasto tributario en Colombia en 2020 fue 6,6% del PIB, de los cuales 4,9% corresponden a gastos tributarios asociados al IVA, y destaca las altas tasas de evasión en el país: en el impuesto a la renta de personas naturales en 2019 fue 23,2%, mientras en las personas jurídicas 31,6 %. Por otro lado, la tasa de evasión del IVA es 23,2%.
(Vea: Colombianos perdieron 1.174 dólares de poder adquisitivo por el covid).
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Fuente: Portafolio
