El pasado domingo 23 de enero finalizaba oficialmente el contrato de concesión para el desarrollo del título minero de El Roble, a la fecha el único complejo a mediana escala para la producción de cobre en el país.
En diálogo con Portafolio, Fernando Ganoza Durant, presidente del complejo minero, explicó cómo gracias al Decreto Ley Anti-trámite 019 de 2012, pueden continuar con la operación hasta que la Agencia Nacional de Minería (ANM) otorgue el nuevo título minero.
Ganoza también señaló cómo llegaron a un acuerdo con la entidad para que un tribunal de arbitramento, que para este caso será la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), dirima en la diferencia que existe en el al tema de las regalías.
¿Cómo solucionaron el tema de regalías con la ANM?
Suscribimos un acuerdo para un arreglo de pago por un monto, por expectativas, que tiene la agencia para cobrar por este concepto. Este convenio es contingente a la decisión de un tercero. Y lo que hemos conversado con la ANM es que este tercero no es la justicia contenciosa administrativa, sino un tribunal de arbitramento, y que para este caso será la CCB.
¿En qué radicaba esta diferencia con la ANM?
La ANM señalaba que nosotros no estábamos en cumplimiento por el tema de las regalías para operar el contrato del título, por tener ellos una expectativa de que debíamos algunos de estos dineros. Enfatizo en que son expectativas, ya que hasta que no se defina sobre esta controversia por un tercero, no puedo afirmar que la Agencia me debe, o nosotros tenemos cuentas pendientes con ellos. Encontramos la solución con este acuerdo para que la CCB dirima la diferencia.
¿Con el vencimiento, cómo sigue la operación?
Existe una figura legal en Colombia que se denomina el Decreto Ley Anti-trámite 019 del 2012, el cual indica que, cuando la autoridad no ha tomado una decisión de fondo frente a un proceso, como es nuestro caso la prórroga del título minero, se permite la continuidad de la operación, y aplica a las empresas que suscriben contratos con el Estado.
El espíritu de la norma es que se evite una afectación al mismo proceso de producción, sino también a los empleados y la comunidad que dependen económicamente del proyecto. Del proyecto El Roble dependen 1.700 familias, además 130 proveedores locales que son habitantes del municipio Carmen de Atrato. Por esta razón estamos operando al día de hoy cuando el título minero se venció el pasado 23 de enero.
¿Con esta coyuntura, qué viene para la operación?
De aquí en adelante lo que viene es continuar trabajando con la autoridad para obtener con la mayor celeridad posible el nuevo título. Hoy en día no podemos garantizar que vamos a tener un nuevo título, pero si vamos a estar en absoluta disposición para lo que la autoridad requiera, y apoyar en este proceso. Es competencia de la autoridad definir si le otorga o no un nuevo contrato de concesión a la minera El Roble para seguir la operación. Si se decide no darnos el nuevo título, será la primera vez que la autoridad no permite la continuidad de una operación minera por una renovación.
¿Cuándo estiman que se renueve la concesión?
No tenemos un tiempo establecido. Sabemos que procesos similares se han demorado hasta tres meses. Esperamos esto se resuelva antes de este lapso. Cada proceso tiene su particularidad y propias instancias. Difícil establecer cuánto tiempo durará la espera.
¿Cómo se dinamizó Carmen de Atrato debido a la operación?
Desde que Minera El Roble tomó la operación, iniciamos un proceso para establecer una empleabilidad directa e indirecta con los habitantes del municipio. Además de tener un impacto positivo para establecer vínculos comerciales con proveedores locales, hemos aumentado en casi 10 veces el número de colaboradores.
Cada proveedor contratado genera un efecto multiplicador económico dentro de la comunidad ya que este a su vez genera tres puestos de trabajo. El encadenamiento productivo es grande, y se aumentaron los ingresos en los habitantes de municipio.
ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ
PORTAFOLIO
Fuente: Portafolio