Tras amanecer con las calles semivacías, con los comercios cerrados, casi sin transporte público y las clases suspendidas, por un toque de queda diurno impuesto por el gobierno peruano del presidente izquierdista Pedro Castillo para contener las protestas de los transportistas y gremios agrarios movilizados en huelga desde hace una semana, el alcalde de la capital peruana, Jorge Muñoz, lanzó peroratas frente a la medida.
Con patrullas militares que custodiaban avenidas y puntos estratégicos de la capital peruana y del vecino puerto del Callao, donde viven 10 millones de personas, buena parte de las cuales se ganan la vida de manera informal, por lo que el toque los deja sin ingresos.
Los limeños fueron sorprendidos por la medida, anunciada minutos antes de la medianoche del lunes por Castillo por televisión, pues los disturbios del lunes habían sido focalizados y los más graves tuvieron lugar en provincias, no en la capital.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear (…) y en aras de restablecer la paz y el orden interno (…), el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana (toque de queda) desde las 2:00 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar la seguridad ciudadana”, dijo Castillo.
Recusación
Frente a la medida Muñoz, criticó el estado de emergencia y el toque de queda, lamentando que esta medida de Castillo es “una muestra más” de su “incapacidad” para gobernar el país, a la par que ha sembrado la duda sobre la posibilidad de que estas medidas tengan como objetivo “generar más desestabilización”.
Si bien el alcalde capitalino reconoció el lunes una serie de incidentes “muy complejos” en la periferia de Lima, ha defendido que lo que se busca es que Castillo “tome una decisión valiente” y dé un paso a un lado reconociendo que “no tiene la capacidad para conducir los destinos del país”, recoge la emisora peruana RPP.
“Esta situación se le puede seguir yendo de las manos y esta inamovilidad, decretada entre gallos, ha sido una evidencia más de la incapacidad del presidente. Hay una situación que, lejos de ayudar a la gobernabilidad, está poniéndole más situaciones de complejidad”, ha afeado Muñoz.
Por su parte, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, ha asegurado que, pese a la prohibición de movilización de la ciudadanía hasta las 23.59 horas del martes (hora local) el Poder Legislativo “continuará con su agenda prevista” pues el mandatario “no puede impedir el funcionamiento del Congreso”.
En la misma línea, la vicepresidenta de la Cámara, Lady Camones, considera que “encerrar a los peruanos no es la solución” y ha defendido que “la protesta es un derecho constitucional” por lo que “reprimirla es dictadura”.
Castillo impuso a última hora del lunes el toque de queda en la ciudad de Lima y en Callao desde las 2.00 hasta las 23.59 horas (hora local). En este periodo de emergencia se suspenden los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional y libertad de reunión.
La medida surge en respuesta a un paro nacional de 48 horas convocado el lunes por los altos precios del combustible y la nueva normativa sobre transportes. En el marco de las protestas se confirmaron cuatro fallecidos así como ataques a infraestructuras y cortes de autovías.
Repudio
Castillo, un maestro rural de 52 años, anunció el toque de queda una semana después de salvarse de ser destituido por el Congreso, donde los opositores radicales lo acusan de “falta de rumbo” y permitir la corrupción en su entorno.
El toque de queda rige mientras la economía peruana busca dejar atrás los perjuicios causados por la pandemia de covid-19 y en coincidencia con el 30 aniversario del autogolpe de Estado perpetrado por el ahora encarcelado expresidente Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992.
“Toque de queda para restablecer el orden, medida autoritaria del gobierno de Pedro Castillo que demuestra ineptitud, incapacidad para gobernar. Es como terminar con los accidentes de tránsito prohibiendo la circulación de vehículos”, dijo el analista político Luis Benavente.
Fuente: El Nuevo Siglo
