TRAS una larga espera y a menos de un mes de la COP26, la cita global para renovar la lucha contra el calentamiento del planeta, el clima entró en la agenda del Consejo de Derechos Humanos, que por primera vez reconoció el derecho a un medio ambiente sano y sostenible, y que creó un puesto de relator.
El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. El Consejo también nombra a un relator especial para el cambio climático.
La resolución que estableció esta garantía fue aprobada con 43 votos de apoyo y cuatro abstenciones: Rusia, China, India y Japón. Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza auspiciaron el texto.
El Consejo también estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos.
En la misma se pide a los Estados que “fortalezcan sus capacidades en materia de protección del medio ambiente, a fin de cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”, afirmando que “los daños al medio ambiente tienen efectos negativos, directos e indirectos, sobre el ejercicio efectivo de esos derechos”.
“Esta resolución trae esperanza en el contexto de catástrofes climáticas generalizadas y crecientes y constituye un momento importante en la lucha contra la degradación del medio ambiente”, afirmó Ashfaq Khalfan, director del programa Derecho y Política de Amnistía Internacional, y reclamó a los Estados que actúen para que se traduzca en “un cambio real”.
La Asamblea General de la ONU discutirá próximamente el tema para considerar si adopta una resolución semejante.
Tras la adopción de los documentos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable.
Michelle Bachelet llamó a que la resolución “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.
Bachelet, quien había solicitado este reconocimiento desde hace tiempo, se mostró complacida por la “histórica” decisión del Consejo y afirmó que el derecho a un medio ambiente limpio “tiene que ver con la protección de las personas y el planeta: el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos”.
Degradación ambiental
“También se trata de proteger los sistemas naturales, que son condiciones previas básicas para la vida y el sustento de todas las personas, dondequiera que vivan”, argumentó, destacando que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas.
Asimismo, continuó, el texto resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda.
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La Alta Comisionada consideró que la decisión del Consejo de Derechos Humanos rinde homenaje a décadas de arduos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, así como de las instituciones nacionales de derechos humanos, las empresas, los ambientalistas, los activistas y todas las personas que han abogado por el pleno reconocimiento internacional de este derecho.
Para los defensores de los derechos ambientales, Bachelet pidió que los Estados los protejan y empoderen, recordando que el año pasado un número sin precedentes de ellos sufrieron ataques o fueron asesinados.
Justicia ambiental
La directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (Pnuma), por su parte, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.
“Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. Cinco décadas después, es muy alentador ver que se reconozca formalmente a nivel mundial mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, abundó Inger Andersen.
Añadió que la decisión envía un mensaje a los mil millones de niños que corren un riesgo altísimo de sufrir el impacto del cambio climático. “Un medio ambiente sano es su derecho. Nadie puede quitarles la naturaleza, el aire y el agua limpios, ni un clima estable”, acotó.
Andersen se refirió a la resolución como un paso definitivo para transformar al planeta en un hogar seguro y justo para todos.
La funcionaria sumó su voz a la de Bachelet para recalcar “los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de los defensores de los derechos humanos que trabajan en asuntos ambientales”.
“Las agresiones físicas, las detenciones, los arrestos, las acciones judiciales y las campañas de desprestigio son la cotidianidad de estos grupos de ciudadanos, pueblos indígenas y otros. Sólo en 2020 fueron asesinados más de 200 defensores del medio ambiente”, denunció Andersen.
El relator
Además, el Consejo aprobó por amplia mayoría otra resolución, propuesta por la Unión Europea, las Islas Marshall, las Bahamas, Fiyi, Panamá, Paraguay y Sudán, para crear un puesto de relator “sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto de los cambios climáticos”.
El texto fue adoptado con 42 votos a favor, cuatro abstenciones (Eritrea, India, Japón y China) y solo una abstención, la de Rusia.
En un comunicado conjunto, los países que propusieron la resolución acogieron con beneplácito la mayor atención prestada por el consejo al cambio climático.
Se trata de un “momento histórico para la acción climática”, afirmó el embajador de Panamá, Juan Castillero, mientras que la jefa de la delegación de la UE ante la ONU en Ginebra, la embajadora Lotte Knudsen, consideró que se trataba de “una señal fuerte, en particular con vistas a la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP26)”.
El relator, nombrado por un período de tres años, se encargará de estudiar y determinar “cómo influyen los efectos adversos del cambio climático, incluidos los desastres repentinos y los desastres de evolución lenta, en el disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos”, y formular recomendaciones.
También deberá determinar los problemas actuales, incluidos los financieros, que afrontan los estados que se esfuerzan por promover los derechos humanos al tiempo que hacen frente a los efectos del cambio climático.
De cara a la cumbre en Glasgow (Escocia), “la creación de este mandato envía un mensaje prometedor a millones de personas de todo el mundo, que necesitan con urgencia que sus gobiernos reconozcan estas crisis y den respuestas a ellas”, afirmó Lucy McKernan, de la oenegé Human Rights Watch (HRW) en Ginebra.
El puesto de relator “permitirá aumentar la responsabilidad de las violaciones de los derechos relacionadas con el cambio climático”, añadió.
Fuente: El Nuevo Siglo
