Xiomara Castro tomará posesión como nueva presidenta de Honduras, la primera mujer en hacerlo, y con ella regresa la izquierda al poder tras doce años de gobiernos conservadores, señalados además por complicidad con el narcotráfico, en un país con altos índices de pobreza, violencia y una corrupción que se ha instaurado a todos los niveles en las instituciones.
El desafío de Castro va más allá del clásico cambio entre un gobierno de un signo político y otro, pues tendrá que tomar las riendas de un país que da claros signos de haberse convertido ya en un Estado fallido, con las estructuras del narcotráfico impregnándolo todo, después de que sus dos antecesores en el cargo hayan estado relacionados directa o indirectamente con el mercado de las drogas.
El derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009 trajo consigo un importante aumento del tráfico aéreo irregular desde Colombia, cuyos cárteles del narcotráfico han utilizado Honduras como puente para trasladar su cocaína a Estados Unidos sin tener que pasar por México, donde los poderosos grupos del crimen organizado imponen sus propias reglas.
La relación entre un hecho y otro queda en evidencia cuando dos familiares directos de los antecesores de Castro, el hijo de Porfirio Lobo, Fabio, y el hermano de Juan Orlando Hernández, Juan Antonio, están cumpliendo condenas de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
En cuanto al presidente saliente, cuyo nombre apareció una docena de veces en la investigación que sirvió como base para condenar a su hermano, su futuro es incierto y corre el riesgo de ser extraditado tras dejar el cargo y ser enjuiciado en Estados Unidos por estos mismos delitos.
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Su contundente triunfo en las elecciones de noviembre, con más del 50 por ciento de los votos, quince puntos por delante del segundo, en un proceso con cerca de un 70 por ciento de participación, vino acompañado del hecho de que se convirtió en la candidata presidencial más votada de la historia de Honduras.
Castro hereda un país muy deteriorado, con un tejido social dañado por la subida del precio de los combustibles y de los alimentos, con uno de los índices de homicidios más altos del mundo, con infraestructuras dañadas por el paso de dos huracanes en 2020 y con las estructuras del Estado infectadas por el narcotráfico y la corrupción. Según el último informe de Transparencia Internacional, que mide la percepción sobre corrupción de 180 países, Honduras está en el puesto 157.
Ante este escenario, Castro ya presentó un ambicioso programa para acometer una serie de cambios profundos, en el que una de las propuestas estrella es la convocatoria de una Asamblea Constituyente para llevar a cabo la redacción de una nueva Constitución, precisamente una de las causas por las que su esposo, el expresidente Zelaya, sufrió un golpe de Estado en 2009.
En este plan de acción, Castro se ha comprometido a derogar algunas de las leyes de los anteriores gobiernos conservadores, como la de seguridad y la controvertida ZEDE, por la cual ciertas zonas quedarían sujetas a un régimen administrativo especial, donde por un supuesto un intento por atraer la inversión y crear puestos de trabajo, serían los inversores quienes decidirían en asuntos de naturaleza jurídica, de seguridad y de fiscalidad.
Fuente: El Nuevo Siglo
