El gobierno panameño negó que se estén realizando esterilizaciones a mujeres indígenas sin su consentimiento, y culpó a la oposición de promover falsas denuncias, pese a las investigaciones oficiales que adelanta una comisión legislativa.
No hay “datos veraces y fehacientes de que esa denuncia sea cierta, es más, no se ha realizado en el país ninguna denuncia formal al respecto de ese tema”, manifestó al canal panameño TVN-2, la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio.
En Panamá “si no hay consentimiento informado no se realiza ningún procedimiento” de esterilización, agregó.
Las declaraciones de la funcionaria se producen tras las denuncias difundidas por la diputada suplente Walkiria Chandler, según las cuales, una docena de mujeres indígenas panameñas habrían sido esterilizadas sin su consentimiento en un hospital público.
Sin embargo, Berrio culpó a la oposición de promover denuncias sin pruebas con el fin de oscurecer la labor gubernamental, pese a que en la comisión legislativa que investiga las denuncias hay diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático.
“Este es un tema sumamente álgido, también entiendo la necesidad de los opositores de tirar este tipo de bombas para distraer a la población de las cosas fundamentales”, manifestó Berrio.
“Me llama la atención que la ministra desestime un tema tan relevante como las posibles esterilizaciones sobre una población indígena alegando conspiraciones políticas, me parece que ella debería ser un poco más seria”, señaló a la AFP Chandler.
Incluso, según esta legisladora, el exministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quién dejó su cargo recientemente de manera temporal por problemas de salud, conocía estas denuncias.
“El ministro Sucre tenía conocimiento de esto”, señaló Chandler.
En la víspera, esta diputada independiente contó a la AFP que varias mujeres denunciaron haber sido infertilizadas sin saberlo.
La denuncia fue hecha a una delegación de la Asamblea Nacional -que Chandler integró- durante una visita en octubre de 2021 a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.
La comitiva había acudido a esta localidad, habitada por indígenas ngäbe-buglé, para atender una denuncia sobre un posible brote de una enfermedad parasitaria en niños, pero una vez en el lugar varias mujeres denunciaron las esterilizaciones.
Según Chandler, tras esta visita, la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional giró una nota al entonces ministro Sucre, preguntando por las denuncias y solicitando, sin éxito, su comparecencia ante el órgano legislativo.
“Las mujeres se acercaron a nosotras, como figuras de autoridad, y nos contaron que a ellas se las está esterilizando sin su consentimiento”, relató la parlamentaria.
Las indígenas aseguran que quienes han tenido partos en el hospital señalado por las presuntas infertilizaciones perdieron su capacidad reproductiva, mientras que las que dieron a luz en sus comunidades pueden seguir reproduciéndose.
Fuente: El Nuevo Siglo
