El gobierno de Perú ordenó a la compañía española Repsol que paralice la carga y descarga de hidrocarburos en buques, 16 días después del derrame de casi 12.000 barriles de crudo en el mar, medida que fue calificada por la empresa como “desproporcionada e irrazonable”.
“Se ha dictado la paralización de cargas y descargas de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol”, dijo el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.
El ministro precisó en una rueda de prensa que la petrolera no podrá retomar estas actividades “hasta que se brinde garantías técnicas de que no se va a producir otro daño en el mar de los peruanos”.
El derrame del 15 de enero, calificado como “desastre ecológico” por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, propiedad de Repsol. La compañía atribuyó el hecho a la agitación del mar por la erupción volcánica en Tonga.
La mancha negra de crudo fue arrastrada por las corrientes marinas hacia el norte hasta unos 140 km de la refinería, según la fiscalía, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. Además, dejó sin poder trabajar a cientos de pescadores artesanales.
El sábado, el canciller peruano, Oscar Maúrtua, había adelantado que el gobierno de Lima le iba a imponer una “drástica sanción” a Repsol y afirmó que la empresa había “mostrado una actitud probablemente dolosa” y “falta de transparencia”.
“Repsol confirma que ha recibido la notificación” que ordena paralizar la carga y descarga de hidrocarburos desde buques, dijo la empresa en un comunicado.
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“La compañía, sin perjuicio de no compartir la resolución por considerarla desproporcionada e irrazonable, pero en aras de garantizar el suministro de sus productos, expresa su plena disponibilidad de colaboración con las autoridades peruanas”, añadió.
La petrolera destacó que “la Refinería La Pampilla abastece el 40% del mercado peruano de combustibles y, por ello, Repsol realizará los mayores esfuerzos para evitar el riesgo de desabastecimiento” de combustibles.
La justicia peruana prohibió salir del país por 18 meses a cuatro directivos de la petrolera española -un español y tres peruanos- y ordenó la “incautación” del buque tanque involucrado, que permanece fondeado a seis millas del puerto del Callao.
Uno de los afectados es el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, quien buscó minimizar el impacto del derrame, al afirmar en una entrevista de televisión el 23 de enero que “no hay nada de verdad que no se pueda arreglar y corregir medioambientalmente”.
“La compañía no ha presentado acciones claras de limpieza ni remediación frente a lo ya sucedido”, sostuvo el ministro Ramírez en la rueda de prensa.
“Repsol no ha dado las certezas que pueda afrontar un nuevo derrame en las otras tres líneas de carga y descarga que vienen operando en el país”, agregó.
Cientos de brigadistas están limpiando afanosamente una veintena de playas tras el derrame. Entre ellos hay personal contratado por Repsol, militares y voluntarios.
Fuente: El Nuevo Siglo
