Consciente de que la inestabilidad política se ha vuelto perenne en su país y que la ‘sencilla acción’ de dialogar que planteó al Congreso -de mayoría opositora- no se avizora viable, la presidenta de Perú, Dina Boluarte baraja la posibilidad de convocar a elecciones generales anticipadas.
Menos de un día después de que asumiera el cargo para “cumplir el periodo constitucional hasta el 2026”, esta abogada que fungió como la llave electoral del destituido Pedro Castillo, en su primera conferencia en la sede gubernamental reiteró su llamado de tregua política al Congreso, el que sin duda le dará un compás de espera, aunque no se vislumbra que sea largo.
“Creo que mi asunción a la presidencia es para reorientar lo que sucede en el país. Hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y esa es una posibilidad”, dijo Boluarte aunque aclaró que llegaría a esa vía si no logra el mínimo entendimiento tanto para su equipo de gobierno como para su agenda legislativa.
“Más adelante, en coordinaciones con otras organizaciones, estaremos viendo alternativas de (cómo) mejor reorientar los destinos del país”, respondió la mandataria sobre si la convocatoria electoral sería en breve.
Ante la inesperada decisión de Castillo que finalmente lo llevó a la destitución y la prisión preventiva acusado de los delitos de rebelión y conspiración por el que fue calificado, aunque erróneamente, ‘golpe de Estado’, la presidenta Boluarte no ha escogido a ningún miembro de su gabinete, aunque si ha realizado consultas con todos los partidos en un intento de formar un gobierno de unidad nacional, la única vía para sacar a Perú de la grave crisis política.
La sorpresiva y rápida transición presidencial no ha calmado los ánimos ciudadanos. Desde la noche del miércoles y hasta ayer en la tarde se registraron decenas de manifestaciones, especialmente en Ayacucho y Puno (bastiones de Castillo) para reclamar elecciones generales ya, con la esperanza de que la depuración del Congreso, cuyo desprestigio ha ido en aumento e, inclusive, superó en imagen negativa a la de Castillo que contaba con el 70%.
Así, la incertidumbre continúa en Perú y no se puede vaticinar si Boluarte, la séptima presidente en seis años en ese país andino, pueda sortear la tormenta política que la acecha desde el Parlamento. Aquí vale recordar que apenas hace un mes ella fue sometida a una moción de censura, la que superó gracias a que la derecha no logró los votos requeridos para separarla del cargo de vicepresidenta.
Las decisiones iniciales de esta abogada de 60 años, que no puede repetir los primeros errores que cometió Castillo al designar en el gabinete a personajes investigados, serán cruciales para saber si alcanzará el objetivo de gobernar -al menos por un tiempo- o deberá dar un paso al costado convocando a elecciones generales.
Y aunque en sus primeras palabras como jefa del gobierno llamó a la “unidad nacional” y exhortó a dejar de lado las ideologías, en tácita alusión al enfrentamiento que marcó a fuego la relación entre el gobierno izquierdista de Castillo y el Congreso, desde el mismo día de la posesión de éste, el 28 de julio de 2021, es poco probable, que acabe el choque de poderes.
Para distensionar la situación, la mandataria podría echar mano de la recomendación que hiciera la comisión de la OEA que estuvo semanas atrás en Lima en el sentido de acordar con el Legislativo una tregua de 100 días, tiempo durante el cual aceptaría escuchar las inquietudes parlamentarias y sus vías de solución para dar rumbo al gobierno.
Intentar el consenso es lo único que puede hacer Boluarte ya que su propia bancada en el Parlamento enfrenta una situación de fragilidad muy similar a la que vivió entre 2018 y 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, que acabó perdiendo el cargo.
“No tiene bancada en el Congreso, está sola”, advirtió el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en declaraciones a la televisión Canal N, insistiendo que “no tiene las herramientas para gobernar y es probable que termine renunciando para que asuma el presidente del Congreso y adelante elecciones”.
En sentido contrario opinó la líder derechista Keiko Fujimori quien por escaso margen de votos perdió la presidencia con Castillo: “Esperemos que la presidenta nombre a un gabinete de ancha base, un muy buen gabinete y todos debemos de hacer las cosas posibles para que las cosas funcionen bien”, tuiteó no obstante la líder derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
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¿Y Castillo…?
En la base de las fuerzas especiales de la policía donde fue trasladado tras haber sido interceptado cuando se dirigía a la embajada de México, en Lima, el destituido presidente Pedro Castillo recibió ayer la notificación de que tendrá, inicialmente, siete días de detención preventiva.
“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispone siete días de detención preliminar contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por el delito de rebelión (alternativamente conspiración)”, tuiteó el Poder Judicial en su cuenta de la red social Twitter.
El juez acogió la solicitud que en tal sentido le hiciera la Fiscalía el mismo miércoles en la noche, con la presencia de Castillo y uno de sus abogados, Aníbal Torres, quien fuera su ministro de Justicia y jefe de gabinete hasta hace un mes.
En esa audiencia, transmitida por televisión, el ya expresidente, de 53 años, lució abrumado, con rostro desencajado y rehusó, visiblemente nervioso, intervenir para replicar las imputaciones en su derecho a defensa, cediendo a sus abogados la palabra.
“Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión” porque éste no se concretó, alegaron los abogados de Castillo.
“Pedimos declarar infundado el pedido de la fiscalía”, subrayó su defensa, indicando que no se consumaron los hechos que se le imputan ya que ni el Congreso ni las fuerzas armadas acataron la orden de disolución ni de implementar un toque de queda.
En la madrugada de ayer, el Ministerio Público finalizó un allanamiento a Palacio de Gobierno y algunos ministerios, en busca de pruebas contra el expresidente. Los fiscales recogieron las cámaras y videos de seguridad del Palacio, para determinar quienes acompañaron a Castillo en el mensaje donde dispuso cerrar el Congreso y establecer un gobierno de excepción.
Los delitos imputados a Castillo se castigan con una pena de 10 a 20 años de prisión.
Entre tanto, el también mandatario izquierdista Andrés Manuel López Obrador, de México, reiteró que está dispuesto a brindar asilo político al destituido presidente peruano y que evalúa el reconocimiento al nuevo gobierno.
“Sí, claro, es parte de nuestra tradición”, respondió López Obrador en su habitual rueda de prensa, acerca de si México está abierto a otorgar asilo a Castillo, quien permanece preso acusado de un autogolpe de Estado.
El mandatario mexicano reveló que, de hecho, el dirigente peruano lo llamó por teléfono el miércoles para pedirle esa protección antes de ser detenido.
“Habló aquí, a la oficina, para que me avisaran que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta de la embajada”, señaló el gobernante izquierdista.
López Obrador dijo que aceptó el pedido y ordenó a la misión diplomática actuar “con apego a la tradición de asilo”. En tal sentido, pidió nuevamente que se respeten los derechos del exmandatario -destituido tras ordenar el cierre del Parlamento- y su familia.
El gobernante manifestó que Castillo fue víctima de un “golpe blando” en el que, a su juicio, participaron medios de comunicación y las “élites económicas y políticas” peruanas.
Asimismo, dijo que México estima “adecuado esperar unos días” antes de reconocer formalmente a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte.
“No es nuestro propósito intervenir en asuntos internos. Lamentamos mucho, eso sí, que estas cosas sucedan porque sufre el pueblo”, afirmó, desmarcándose por ahora del reconocimiento otorgado por países como Estados Unidos.
De otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su “preocupación” por la situación política en Perú y llamó “a todos los partidos involucrados a respetar el Estado de derecho, así como a guardar la calma y a abstenerse de inflamar tensiones”.
Fuente: El Nuevo Siglo
