Aquí reina el miedo. En los límites entre Colombia y Venezuela, en la región petrolera de Arauca, dos guerrillas libran una batalla sin cuartel con una población atrapada en el medio.
El año comenzó bajo el fuego cruzado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias que se marginaron del acuerdo de paz con las extintas FARC.
«Lo que está en juego es el control territorial del departamento y los múltiples tráficos con la vecina Venezuela», a través del río Arauca, resume un politólogo radicado en la región que habló bajo reserva.
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Van casi 50 muertos en menos de cuatro semanas. Los asesinatos, secuestros, amenazas y ajustes de cuentas se suceden a diario.
El 19 de enero un carro bomba estalló en el municipio de Saravena frente a una sede de activistas sociales, en un ataque atribuido a las disidencias que ven a los líderes locales como colaboradores del ELN.
Simeón Delgado, un guardia de 45 años, padre de tres hijos, murió en el atentado. «Está guerra maldita nos lo quitó. Una guerra donde nosotros no pedimos estar. No hacemos parte de ese conflicto», dice a la AFP su hermana Alba.
La ley de silencio
Solo el pasado fin de semana hubo cinco homicidios. El modus operandi es casi siempre el mismo: asesinatos selectivos perpetrados por pistoleros en moto. «Todos los días matan. Muchas veces no sabemos ni porqué. ¿Cómo no tener miedo?», señala Andrés Prada, un líder indígena.
El conflicto se concentra a lo largo del río Arauca y llanuras dentro del departamento. Casi tan grande como Haití, Arauca cuenta con los campos petroleros de Caño Limón, protegidos por el ejército. La agricultura y el contrabando complementan su economía.
En Arauca hay «un poder ejecutivo local devorado por la corrupción, y una región fronteriza que es una mina de oro para la guerrilla», ilustra una fuente independiente que también exige reserva.
«Todo se transporta a través del río: hombres, mercancías y, por supuesto, drogas», añade.
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Si no fuera por algunos grafitis amenazantes o por el nerviosismo de los militares, nadie advertiría el conflicto. «No se engañen, todo el mundo espía a todo el mundo», dice un conductor y exmilitar.
Nadie va con casco en la moto, «los guerrilleros lo prohibieron», según el mismo conductor.
Pocas personas aceptan hablar o ser citadas. «Tenemos miedo», repiten como mantra. «Si das mi nombre, mañana soy un cadáver», dice el familiar de una víctima.
En Saravena, las calles se vacían al anochecer por el toque de queda nocturno que impusieron las autoridades y la orden de las disidencias de las FARC.
La muerte se pasea por los poblados de Saravena, Fortul, Tame, La Esmeralda y Arauquita.
«Impuesto revolucionario»
El ELN juega de local. Arauca es un bastión histórico de este movimiento nacido de la revolución cubana y de la teología de la liberación, que impone su ley y un «impuesto revolucionario».
Tiene una fuerte base social en la región, con muchas redes locales. «Nada se hace sin la aprobación del ELN, que se beneficia de una renta considerable de la extorsión organizada a los pozos petroleros», explica el analista.
«Todo el mundo paga, de una manera u otra. El ELN es invisible, pero sus hombres están en todas partes», añade.
El conflicto sacude ambos lados de la frontera mientras los dos gobiernos siguen sin restablecer relaciones, rotas desde 2019. Colombia acusa a Venezuela de proteger a los guerrilleros en su territorio.
«La violencia empezó el año pasado en territorio venezolano, cuando el Frente 10 de la disidencia de las FARC comenzó a luchar contra el ELN por sus bases y rentas, y luego se enfrentó directamente con las fuerzas venezolanas», señala el director del centro de estudios colombiano Indepaz, Camilo González.
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Tras una guerra de varios años, ambas organizaciones acordaron un pacto de no agresión en 2011. Cinco años después, las FARC firmaron la paz, pero algunos frentes se apartaron de la negociación y siguieron en armas. Las disidencias se robustecieron y hoy tienen unos 5.000 combatientes.
«Las disidencias de las FARC han estado muy activas en los últimos meses tratando de tomar el control de las rutas del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil», dijo un experto en seguridad en Bogotá.
Ante el estallido de violencia, el gobierno colombiano envió más tropas. Su presencia apenas se advierte en los alrededores de las instalaciones petroleras.
Las dos grupos también se enfrentan en la propaganda. Ambos se reivindican como «defensores del pueblo» y se acusan de colaborar con el Estado, su enemigo común.
«El problema de todo esto es que cada grupo está atacando a poblaciones simpatizantes o que supuestamente apoyan al grupo contrario», señala el director de Indepaz.
«Ya ha habido muchos asesinatos en 2021», recuerda un líder religioso. «Pero la dinámica se aceleró de repente. Este solo es el comienzo», se resigna.
AFP
Fuente: RTVC Noticias