El primer organismo del Sistema Integral para la Paz, producto del Acuerdo de La Habana, que presentará el resultado de su trabajo, será la Comisión de la Verdad, al finalizar el periodo para el que fue creada. La presentación consiste en un informe final en donde recoge los principales hallazgos sobre crímenes y otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el conflicto armado, y en el que hace recomendaciones para la no repetición.
A pesar de que el informe final no tiene carácter judicial, es decir, no señala a ningún responsable que no haya sido previamente juzgado por la justicia ordinaria, seguramente será controversial porque sí aborda las responsabilidades colectivas, casos, patrones y entramados de los hechos en el conflicto armado por parte de grupos paramilitares, guerrillas y agentes del Estado.
En mayo pasado hubo una controversia porque el expresidente Álvaro Uribe rechazó las revelaciones de Alejandro Valencia, uno de los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad, quien anticipó algo del informe final en lo que corresponde a los ‘falsos positivos’, o ejecuciones extrajudiciales que cometieron entre 2002 y 2008 algunos militares quitándole la vida a ciudadanos inocentes para inflar los resultados contra la guerrilla.
Dijo el comisionado Valencia que se concluyó que fueron una política de gobierno.
“Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales en su periodo de exacerbación, entre 2002 y 2008, se cometieron como parte de una política de gobierno, que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, dijo Valencia.
Uribe Vélez, quien era presidente en el periodo señalado, dijo que “la Comisión de la Verdad tiene patente para mentir, calumniar y abusar”. Añadió: “Irresponsable Comisión de la Verdad, con razón fue impuesta por Farc. Desde el primer día de Gobierno la transparencia fue preocupación fundamental de mi parte”.
Las manifestaciones contra la Comisión de la Verdad, en las que se ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de los comisionados para hacer un informe sobre el conflicto armado, por parte del exmandatario Uribe y otras personas, especialmente de la corriente política del uribismo que se opusieron al Acuerdo de La Habana firmado por el entonces presidente Santos con las Farc, porque consideran que conduce a la impunidad, vienen desde la creación de este organismo, así como de otros del Sistema Integral para la Paz, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Opositores a este Acuerdo han acusado un supuesto sesgo político de los magistrados de la JEP así como de los integrantes de la Comisión de la Verdad para, presuntamente, inculpar a los militares y exculpar a los exintegrantes de las Farc por los crímenes en el conflicto.
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El informe
La función principal de la Comisión de la Verdad es elaborar y presentar al país un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos de lo ocurrido en el conflicto armado, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y en las conclusiones y recomendaciones de su trabajo incluya garantías de no repetición.
Para el cumplimiento de su mandato, la Comisión desarrolló una ruta de gestión de la información y del conocimiento, que en todas sus fases contó con el concurso de los sectores sociales priorizados y con los pobladores y víctimas de los territorios más afectados por el conflicto armado, por medio de entrevistas, testimonios, historias de vida, investigaciones temáticas y las entregadas directamente al organismo por parte de los afectados.
Así mismo, la Comisión se valió para su trabajo de fuentes externas como las investigaciones académicas, los informes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, los aportes diversos de organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, piezas judiciales dadas por diferentes instancias jurídicas, al igual que las bases de datos y estadísticas sobre la guerra en Colombia.
El periodo de tiempo de la investigación parte desde 1958, por considerar los comisionados que los acontecimientos de ese año determinaron un cambio que significó el fin de un tipo de violencia política bipartidista y el comienzo de la violencia insurgente-contrainsurgente, lo cual internacionalmente se reconoce como conflicto armado interno.
Durante ese proceso investigativo de la Comisión de la Verdad fueron escuchadas cerca de 30 mil personas, entre entrevistas colectivas e individuales.
Los testimonios fueron aportados por víctimas, familiares, testigos, actores armados, terceros civiles, empresarios, integrantes de la Fuerza Pública, políticos, expresidentes, artistas, periodistas, académicos, funcionarios públicos, representantes de organizaciones y, en general, cualquier actor que se acercó a dar su versión de manera voluntaria.
Con la entrega del informe final, como se dijo, la Comisión de la Verdad concluye su mandato y por tanto desaparece. No obstante, se creó el Comité de Seguimiento y Monitoreo, cuyo objetivo es velar por la implementación efectiva de las recomendaciones que deja este informe.
¿En dónde reposará el archivo?
Las conclusiones de la Comisión de la Verdad, incluidos el archivo y la plataforma digital, deberán –según lo consignado en el Decreto 588– tener un lugar en el Museo de Memoria de Colombia, con el fin de ser parte del relato histórico del país y hacerse memorable para su población.
Fuente: El Nuevo Siglo
