La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró en las últimas horas el estado de cosas inconstitucional ante el bajo nivel de implementación de garantías de seguridad para los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz y que se encuentran en proceso de reincorporación.
La Corte estudió cinco tutelas presentadas por excombatientes ubicados en Nariño y Guaviare que reclamaban medidas de protección por amenazas y riesgos de seguridad en sus territorios por la presencia de grupos armados.
El alto tribunal consideró que efectivamente existe una crisis que ha afectado a ex Farc, así como sus derechos fundamentales, su integridad personal, su seguridad y la paz en los territorios que habitan.
Así, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Sala Plena aprobó la creación, en un plazo de dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento en la Corte Constitucional que se encargará de verificar las órdenes dictadas en este fallo para garantizar la seguridad de los excombatientes.
Mi Casa Ya: abecé para acceder al subsidio de vivienda en 2022
Otras consideraciones
La Corte Constitucional impartió múltiples órdenes a entidades del Estado, entre ellas:
- Al Gobierno: adoptar las medidas que le permitan cumplir de medida integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo Final de Paz que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional, de modo que se facilite la reinserción o reincorporación efectiva y pronta en la vida civil de quienes se desmovilizaron y de sus familiares.
- Al Gobierno: iniciar los trámites para que haya suficiente presupuesto para que los firmantes del acuerdo que ejercen actividades de liderazgo político o social y que comparecen ante el Sistema Integral de Paz, gocen de la protección necesaria.
- Al Gobierno: dar trámite al decreto 299 de 2017 sobre los recursos financieros, físicos y humanos para el implementar el Plan Estratégico de Seguridad y Protección.
- A la Procuraduría: adoptar un mecanismo especial de vigilancia de este fallo, junto con la Defensoría del Pueblo.
- A la UNP: reevaluar en los siguiente cuatro meses el riesgo que enfrentan los firmantes del acuerdo de paz y quienes integran el partido Comunes, así como otras personas que estén en situación similar, priorizando los esquemas de protección.
- A las autoridades estatales y gubernamentales: cumplir los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo Final de Paz y que han sido objeto de desarrollo legal y constitucional.
Adicionalmente, el alto tribunal dio dos meses al Ministerio del Interior, la Alta Consejería para la Estabilización y Consolidación y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización para adoptar «medidas concretas para garantizar la articulación entre los PDETS y los Programas Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo que a nivel municipal se han venido ejecutando asincrónicamente frente a la estrategia de seguridad».
Acto seguido, le dio un plazo de un mes a la Defensoría para entregar a la Fiscalía y a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe actualizado sobre las alertas tempranas que se han impartido respecto a la seguridad de excombatientes.
Y finalmente, se exhortó al Congreso a impulsar el desarrollo de “los contenidos del acuerdo final de paz que aún se encuentran requeridos de implementación legislativa, relacionados con la posibilidad de materializar el concepto de seguridad”.
Segú cifras de las Naciones Unidas, hasta finales de 2021 303 firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados.
Fuente: RTVC Noticias
