El país cuenta con la nueva Política Pública de Recursos Educativos que tiene como fin aportar al mejoramiento de la calidad de la educación de carácter nacional, regional y local.
El lanzamiento estuvo bajo el liderazgo de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien aseguró que “este fue un trabajo sistemático y riguroso que inició en el año 2019 y cerró en el 2022. Como resultado de ello hoy contamos con una Política Pública de Recursos Educativos que ha sido el producto de un proceso minucioso caracterizado por su amplio y documentado nivel participativo en diferentes espacios y con variados actores educativos que compartieron sus voces a través de 52 acciones de participación, 24 metodologías y 18 mesas ampliadas de trabajo”.
La ministra señaló que como resultado de lo anterior se identificaron los elementos claves que debían fundamentar la política, se enriqueció la caracterización de estos elementos en relación con el proceso educativo, la gestión curricular, la formación docente, los procesos de seguimiento y retroalimentación permanentes y, claro, la participación de las familias, fue en este marco desde donde se adelantó la validación de la política.
El evento de lanzamiento contó con la participación de invitados del orden nacional e internacional, entre ellos líderes de las entidades territoriales, docentes, representantes de universidades y editoriales, la Cámara Colombiana del Libro y otros actores del sector educativo. Asimismo participó el CERLALC y la experta internacional en recursos educativos Lucia Acurio quien, junto a otros expertos, acompañó el proceso de construcción de esta política de recursos educativos.
Construcción de la política pública
Otro de los elementos clave que se resaltaron durante el lanzamiento, fue la vinculación activa de más de 4.800 actores educativos entre ellos docentes y directivos docentes de establecimientos educativos públicos y privados; secretarías de Educación; profesionales del Ministerio de Educación Nacional; expertos vinculados a la academia e investigación en el nivel nacional e internacional; entidades gubernamentales del sector educativo nacional e internacional; entidades relacionadas con política pública educativa y usuarios pedagógicos directos. Tal es el caso de redes de docentes y bibliotecólogos, entre otros.
Del mismo modo, 1057 estudiantes y 885 padres, tutores y cuidadores hicieron parte de este proceso de construcción y validación porque las familias también fueron importantes y tuvieron voz y voto en este proceso. Además de lo anterior, se contó con la participación de Asociaciones que fortalecen procesos de inclusión; profesionales que trabajan en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente; agencias y organismos de cooperación internacional; organizaciones de colegios privados; facultades de educación y; organizaciones étnicas, entre otros actores.
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Ciclo de gestión de la política
Esta política está organizada en un documento y varios anexos. Su principal fortaleza está en la contribución que hace al mejoramiento de la calidad de la educación en el país al organizar y orientar los procesos de selección, adquisición, creación, distribución, uso y evaluación de los recursos educativos en los ámbitos nacional, regional y local. Lo anterior, ocurre a través de un ciclo de gestión con seis etapas que aportan elementos de juicio y reflexión para la consolidación de un sistema educativo equitativo, inclusivo y de calidad que cuide aún más la inversión pública bajo criterios y procesos técnicos y sistemáticos; para garantizar más y mejores aprendizajes. Es decir, esta política redundará en recursos educativos que aportan al desarrollo integral de los estudiantes entendidos como sujetos en un marco de interacción educativa y social multicultural.
La política educativa define los recursos educativos como objetos culturales usados por los docentes de forma intencional en los diveros procesos de enseñanza y aprendizaje y con ocasión de llevar a buen puerto trayectorias educativas completas. Es más, según su propósito pueden ser diseñados para uso en ámbitos escolares de acuerdo con el currículo o en otros contextos sociales y culturales de enseñanza y aprendizaje, tal es el caso de esos saberes propios de un territorio o una comunidad. Es a partir de esta visión de recursos educativos que se convoca a diferentes actores para materializar los principios de calidad y pertinencia, equidad e inclusión.
Esta política educativa es contundente en identificar que el impacto de los recursos educativos en aprendizajes de calidad requiere de:
- La puesta en marcha de un ciclo de gestión que involucra tanto al Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación que gestionan su apropiación e implemetnación y los establecimientos educativos que socialización e incorporan en la gestión de sus procesos educativos esta política.
- La permanente cualificación de los docentes dado su rol protagónico como consumidores y creadores de recursos educativos; para materializar los propósitos y apuestas no solo del currículo sino de trayectorias educativas completas. Así las cosas, la Política Pública de Recursos Educativos destaca la importancia de robustecer las propuestas de formación de los docentes, considerando no solo la capacidad de decisión de estos últimos para usar innovaciones en el aula sino sus capacidades para crear y evaluar recursos educativos pertinentes y de calidad.
Finalmente, durante el conversatorio que abordó los retos y oportunidades para la implementación de esta política en el país, se resaltó la pertinencia de esta política, su carácter pionero en la región, los elementos más importantes para llevar la política a la vida del proceso educativo. Todo ello a través de un ciclo de gestión que inspira y organiza una ruta de implementación donde se favorece el trabajo articulado entre los actores y protagonistas del proceso educativo.
Fuente: El Nuevo Siglo
