La exigencia de las entidades gubernamentales a la FAO y al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para que retiraran del mapa de países con crisis alimentaria a Colombia, hizo que las agencias de la ONU reconocieran su error con el Gobierno de Iván Duque.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el PMA señalaron que es probable que la inseguridad alimentaria aguda se deteriore aún más en 20 países denominados como puntos críticos de hambre, esto durante el período de febrero a mayo de 2022. Uno de esos puntos estaba señalado en un mapa donde se mostraba a Colombia.
Esto provocó que a través de una nota diplomática en la que se evidencian uno a uno los avances y logros alcanzados por Colombia en reactivación económica, alimentación, atención a la niñez, política agropecuaria e implementación del punto 1 del Acuerdo, entre otros, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, rechazara en nombre del Gobierno nacional, el documento titulado “Hunger Hotspots FAO-WFP early warnings on acute food insecurity”, que se publicó el pasado 26 de enero del año en curso.
Ramírez fue enfática en indicar que dicha publicación “carece del soporte fáctico, definición metodológica y claridad en las fuentes que le den validez y credibilidad. Los contenidos en los que se menciona la situación de seguridad alimentaria en la República de Colombia no corresponden a la realidad nacional”, todavía menos cuando se contrasta con el estado de cosas en la región.
En ese sentido, afirmó que “es francamente curioso que […] nuestro país aparezca relacionado en ese informe sobre problemas agudos de inseguridad alimentaria, en claro contraste con el silencio respecto de otros países de la región de los cuales se conoce suficientemente su precariedad institucional, la falta de estímulo a la inversión privada de industrias de alimentos, la falta de transparencia sobre las cifras y, curiosamente, ninguno de esos países aparece señalado en el reporte”.
En consecuencia, a través de la nota diplomática se dejó claro que el Gobierno nacional requiere una rectificación por parte de la FAO en la que se reconozcan las políticas públicas y acciones implementadas para garantizar tanto la productividad del agro como la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, aún en los tiempos difíciles provocados por la pandemia a nivel global y la crisis migratoria de venezolanos, frente a la cual el proceso de acogida y solidaridad ha llevado a Colombia a recibir alrededor de dos millones de migrantes.
Destacó la alta funcionaria que, en aras de preservar la seguridad alimentaria de los colombianos, desde el Gobierno nacional se han atendido 10,3 millones de hogares, 30 millones de personas, con transferencias monetarias, a través de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Este último ha atendido a tres millones de hogares y a partir de marzo de 2022 atenderá a cuatro millones. Los recursos que se han invertido en estos programas en lo corrido de este Gobierno son de $30,3 billones.
Al terminar su comunicación oficial, la Vicepresidenta y Canciller indicó que el Gobierno nacional seguirá trabajando de manera articulada con la comunidad internacional y, en especial, con las Naciones Unidas y sus respectivas agencias, “en favor de las prioridades nacionales y con un espíritu de solidaridad frente a los diferentes desafíos globales y regionales, en especial en la lucha contra el hambre y la desnutrición, así como la atención a los migrantes venezolanos en un contexto tan desafiante como el de pospandemia”.
El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, por su parte, dijo que en el país no hay escasez de comida y que desde que empezó la pandemia se tomaron las medidas pertinentes para evitar un escenario como ese.
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Lo que dijeron FAO y PMA
Estos puntos críticos de hambre fueron identificados a través de un análisis prospectivo, bajo los efectos de factores como la violencia y el conflicto armado, crisis económicas (incluidos los impactos secundarios de la pandemia de covid-19), fenómenos meteorológicos extremos y variabilidad climática, además de plagas y enfermedades animales y vegetales.
Así las cosas, en los 20 países estudiados se identificó que la violencia organizada o el conflicto son los principales impulsores de un probable deterioro de los niveles de inseguridad alimentaria. Esto debido a que en el 2020, por ejemplo, alrededor del 65% de las personas en situación de inseguridad alimentaria aguda vivían en países con estos factores impulsores que pueden seguir aumentando, según estima el informe.
El documento también anota que casi dos años después del comienzo de la pandemia de covid-19, las interrupciones económicas globales y nacionales causadas por varias olas de contagio se han intensificado, porque según el informe solo el 8,5% de las personas en países de bajos ingresos han sido vacunadas hasta enero de 2022, y las nuevas variantes han generado incertidumbres en estos países, ya que podrían afectar negativamente sus economías.
Los 20 puntos críticos del hambre de los que habla este informe están en Asia y el Pacífico, con Afganistán y Myanmar; América Latina y el Caribe, con Colombia, Haití y Honduras; y África occidental, con la República Centroafricana, Nigeria, Burkina Faso, República de Chad, República de Malí, República Islámica, República de Mauritania y República del Níger.
El compromiso
La FAO, que se comprometió con la corrección del reporte, aseguró que la intención era atraer más recursos de cooperación para la atención de los migrantes venezolanos que están en Colombia. El representante de la agencia en el país, Alan Jorge Bojanic, dijo que había sido un error.
“Sin duda alguna ha habido problemas de presentación, el tema de la intencionalidad había sido uno, el tema de cómo lo presentamos fue otro. Entonces lo que tenemos que hacer es sincerar ese documento para que realmente refleje la intencionalidad”, aclaró.
El representante advirtió que, aunque reconoce el error, será en Roma donde la alianza entre la FAO y el PMA determinen si se hace la corrección. “Este informe fue realizado en Roma y es ahí donde van a dar una respuesta a la nota diplomática que se ha presentado y ellos van a decidir cuál es el curso; no me corresponde decir qué va a pasar, pero reitero que teníamos una intencionalidad y salió otra”.
Puntos destacados en el informe del Gobierno
• Con el PMA se ha realizado la atención de 150 mil niños menores de dos años con alimentos en polvo para prevenir deficiencias de micronutrientes de interés en salud pública. Más aún, se acaba de consolidar un convenio para desarrollar la estrategia de Unidades Integrales, que tiene como objetivo implementar experiencias pedagógicas de alimentación y nutrición para fortalecer capacidades de familias y comunidades con alto riesgo de presentar desnutrición.
• Según el Reporte Nacional Voluntario sobre los avances en los ODS, presentado por Colombia en 2021, “el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que recuperaron su estado nutricional que se encuentran en la modalidad de CRN, fue de 96,4% en La Guajira y de 100% en el departamento de Chocó, lo cual implica un avance significativo para atender a los niños y las niñas con mayores riesgos de desnutrición y alcanzar la meta a 2030”.
• Colombia tiene una capacidad de autoabastecimiento del 72% de la producción agropecuaria que se demanda para el consumo interno de alimentos. En el 2021 se registran prácticamente las mismas áreas sembradas (5,5 millones de hectáreas), información reportada en más de mil municipios productores de alimentos y materias primas, donde se reportaron 200 diferentes tipos de cultivos. El abastecimiento de alimentos hacia los centros de consumo ha sido garantizado por el Gobierno nacional, de tal manera que el suministro hacia las centrales mayoristas aumentó 1,3% durante 2020 y 0,1% en 2021. Es decir, no hay escasez de alimentos.
Fuente: El Nuevo Siglo