En esta semana la Corte Suprema de Justicia condenó, en primera instancia, al exrepresentante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés a 10 años y 11 meses de prisión, después de que este les exigía a dos miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) parte de su salario mensual con la promesa de mantenerlos vinculados.

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En consecuencia, el alto tribunal lo condenó por delito de concusión continuado en concurso homogéneo, además fue inhabilitado por 103 meses y 13 días, y tendrá que pagar una multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que los hechos ocurrieron en diferentes periodos en la Cámara de Representantes: entre 2002-2006, 2006-2010 y entre el 3 de noviembre de 2010 hasta el 2011, cuando perdió su investidura.

“El entonces congresista indujo a dos de sus colaboradores, que además eran integrantes de la Iglesia Cristiana ‘En tu Presencia’ de la cual él era pastor, a que le entregaran parte de su salario mensual“, dijo la Corte.

El alto tribunal consideró que el excongresista abusó de sus funciones como representante a la Cámara. Según la sentencia, “desbordando indebidamente los límites de su función, Salas Moisés, prevalido de su investidura y jerarquía, a cambio de nombrar a la primera, promover al segundo y, mantenerlos vinculados a la unidad de trabajo, les exigió la entrega de parte del dinero que devengaran producto de la relación laboral”.

Una de las víctimas confesó que debía entregar la mitad de su sueldo a Moisés en efectivo y algunas veces a través de consignaciones bancarias. 

a primera consignación fue realizada por su esposo el 4 de diciembre de 2006, a nombre de la iglesia ‘En tu Presencia’ por $ 770.000, “correspondiente a un porcentaje de su prima de navidad, valor que no hacía parte de la exigencia inicial de su jefe pero que en esa oportunidad ante las presiones ejercidas por él se volvió una imposición”, señala la condena.

Asimismo, se tienen pruebas de otro depósito el 20 de enero de 2009 por un monto de 800.000 pesos que consignó en medio de sus vacaciones en Santa Marta. La testigo manifestó que esos montos de dinero quedaron registrados en la contabilidad de la congregación religiosa y que, en todo caso, “no provenían del diezmo que voluntariamente entregaba a la iglesia como parte de sus creencias”, enfatizó la Corte.

Junto a ello, un testimonio reveló que el excongresista promovió de cargo con un aumento salarial de 400.000 a cambio de “reintegrarle” mensualmente esa suma para que pudiera conservar su trabajo en la UTL durante el tiempo que le quedaba para pensionarse

La Sala también determinó que el excongresista actuó con dolo y se aprovechó de la “posición de líder que ocupa en la iglesia cristiana, así como de las necesidades de los mencionados excolaboradores y miembros de la congregación religiosa a las que no era ajeno, para usarlos a su favor y obtener de estos un provecho para sí, con pleno conocimiento de que su actuar se adecuaba al tipo penal imputado (…)”.

Igualmente, la perito sostuvo que, con sus comportamientos, el excongresista “afectó los principios de probidad, moralidad y transparencia que le eran exigibles, traicionó la confianza de sus electores, lesionó los bienes jurídicos de la autonomía personal y del patrimonio económico, y causó daños y perjuicios en cuantía de $ 5’484.833”.

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Además de la pena de prisión y la multa, el alto tribunal condenó al excongresista a pagar a la trabajadora víctima 302 millones de pesos por los daños causados, y una reparación de 68 millones de pesos al otro colaborador afectado.

PORTAFOLIO
Con información de EL TIEMPO*

Son buenas las noticias para el futbolista Luis Díaz pues, el pasado 30 de enero, el Liverpool confirmó su fichaje en el equipo. 

A través de redes sociales el club inglés confirmo el traspaso del Porto de Portugal. La compra se hizo por una gran suma de 45 millones de euros, que podría ascender a los 60 millones en función de objetivos.

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El 80 % de los derechos del jugador son del Porto y el resto pertenece al club colombiano Junior de Barranquilla. Según la información divulgada por el Porto, las comisiones de los intermediarios que participaron en la venta del jugador han sido del 10 %.

El contrato se firmó por los próximos 5 años. En los siguientes días Díaz llegará a Londres para firmar y oficializar el traslado.

Esta es una de las ventas más grandes en la historia de los futbolistas colombianos. En 2011, Radamel Falcao García se fue al Atlético de Madrid por 40 millones de euros. Luego, en 2013 James Rodríguez fue comprado por el Mónaco por 45 millones.

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EL SALARIO DE DÍAZ

Una venta millonaria también trae consigo un salario mucho más alto. En Porto, el colombiano se ganaba alrededor de 750 mil euros anuales (3.000 millones de pesos colombianos), de acuerdo con la agencia de noticias ‘Efe’. 

Ahora, de acuerdo con el periodista Pedro Almeida, experto en transferencias de jugadores en el mundo, el nuevo salario de Díaz sería de 4 millones de euros anuales. Es decir, 17.000 millones de pesos colombianos. Además de 1,5 millones de euros en bonos. 

Lo que significaría alrededor de 1.400 millones de pesos al mes. El jugador estaría ganando cuatro veces lo que recibía antes.

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Luis Díaz, de 25 años, llegó al Porto en 2019 y en esta campaña llevaba 14 goles en Liga y 4 asistencias. Ahora utilizará el número 23 en su camiseta.

El primer partido del colombiano en la Premier League podría ser el 10 de febrero. En esta liga, Díaz encuentra a Liverpool en el segundo lugar de la tabla, con 48 puntos, a nueve del líder, Manchester City, y con un partido menos. El torneo se reanuda para los ‘Reds’ el 10 de febrero, cuando jueguen contra el Leicester City.

PORTAFOLIO
Con información de EFE*

En Colombia, según cálculos del Dane, la mitad de los empleados colombianos, es decir, 10,2 millones de personas de 20,1 millones que representan la fuerza laboral en el país en 2020, ganaron el año pasado ingresos que equivalen a un salario mínimo o menos.

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Según las leyes vigentes en el país, a estos trabajadores que reciben el mínimo –trabajen con el Estado o con el sector privado– cada año se les debe aumentar el salario. Para 2022, por ejemplo, el ajuste será de 10,07 %, dejando la cifra en un millón de pesos más $117.172 de subsidio de transporte.

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Pero ¿qué sucede con los demás trabajadores que reciben un salario mayor al mínimo? ¿Debe su empleador subirle el salario cada año?

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En el caso de los funcionarios del Estado, sin importar si ganan o no el mínimo, tienen derecho a que se les aumente su sueldo cada año. Precisamente en el 2000, cuando el Estado trató de ponerles un techo a los aumentos y dijo que solo les subiría el salario a los funcionarios que ganaran hasta dos salarios mínimos, la Corte Constitucional intervino en una demanda que le llegó y dijo que era inconstitucional no incrementar los sueldos de los funcionarios públicos –lo que de paso toca al de los congresistas y al de los mismos magistrados– y señaló que cada año debe haber reajustes para todos ellos.

¿Y los empleados privados? EL TIEMPO consultó con expertos si las empresas privadas están también obligadas a subir cada año el salario de sus trabajadores que ganen más del mínimo y encontró que hay dos posiciones al respecto.

En primer lugar, si un empleado gana un salario integral, que es de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, según los expertos consultados, la empresa está obligada a subirle el sueldo cada año.

La razón, explicó explicó Octavio Rubio, docente de la Universidad Central y experto en derecho laboral, es que como estos salarios se tasan de acuerdo a salarios mínimos, para que no pierdan la condición de integrales se deben ajustar cada año con los cambios que tenga ese mínimo.

Si el empleado no tiene un salario integral, la situación se vuelve más controvertida. Para Rubio, por ejemplo, no hay ninguna norma que obligue formalmente a las empresas a subir cada año el salario de sus empleados que ganan más del mínimo y que no tienen el salario integral.

Esto porque, asegura, el mínimo vital y la movilidad sobre el salario que establece la Constitución “se han interpretado es con relación al mínimo legal vigente“, no sobre ningún salario superior.

En cambio, el empleador sí estaría obligado, afirma, si ese aumento fue fijado en convenciones colectivas de trabajo, en los contratos laborales, o en convenios sindicales. También lo estaría si, por ejemplo, les sube el sueldo a algunos de sus empleados, pero no a otros que desempeñan las mismas funciones.

Sobre esto, dijo, hay bastante jurisprudencia y se ha tomado como un principio fundamental que debe haber un “igual salario por un trabajo de igual valor“. Este reclamo procedería cuando dos personas hacen la misma actividad, tienen una experiencia, antigüedad o conocimientos semejantes y ganan distinto.

Pero hay opiniones diferentes, fundamentadas en lo que ha dicho la Corte Constitucional, según las cuales las empresas sí están obligadas a subir el salario de sus empleados, aunque ganen más de un mínimo y aunque esto no haya quedado pactado en convenciones colectivas o contratos.

Para Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y profesor de la Faculta de Jurisprudencia, no es cierto que las empresas no deban subir los salarios de sus empleados que ganen más del mínimo.

Según Jaramillo, como la inflación cada año implica la pérdida del poder adquisitivo de los salarios nominales, “la Corte Constitucional ha señalado que no ajustar el salario al IPC (Índice de Precios del Consumidor) supone un enriquecimiento sin justa causa para el empleador“. Esto porque, asegura Jaramillo, no ajustar los salarios lleva a que el empleador pague menos “por la misma disponibilidad y servicios del trabajador“.

Agrega que las empresas están obligadas a ajustar cada año los salarios que son mayores al mínimo, por lo menos con el porcentaje del IPC “para garantizar que la remuneración mantenga su poder adquisitivo“.

Jaramillo también afirma que si pasa el tiempo y el empleador no ajusta el salario al índice de inflación, se estaría enriqueciendo injustamente, “ya que el salario es una deuda de valor que debe ser actualizada y respetada en el marco del empleo remunerador“.

Esa obligación, asegura, está en el artículo 53 de la Constitución política, que determina que la remuneración debe ser mínima, vital y móvil. Justamente esa movilidad es la que implica que el salario no puede quedarse estático. Además, asegura Jaramillo, el convenio 095 de la OIT también habla de esa protección salarial.

Esa opinión es compartida por un magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, consultado por EL TIEMPO. Según el magistrado, aunque en principio no exista esa obligación de incrementar el salario mayor al mínimo, al estudiar diversas tutelas la Corte Constitucional ha ordenado incrementar esos salarios superiores a ese mínimo legal en empleados del sector privado, fundamentándose en ese artículo 53 de la Constitución del que habla Jaramillo.

Así, dice el magistrado, la Corte Constitucional ha ordenado aumentos en estos salarios con el argumento de que una remuneración, sea o no superior al mínimo, no puede quedarse estática e inalterable, “pues de ser así, la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano termina afectando los ingresos de los trabajadores, y menguando su poder de compra de los bienes y servicios“, dijo el magistrado.

Dicho esto, ¿qué podría hacer un empleado que gane más del mínimo si su empresa no sube su salario?

Según Jaramillo, el empleado afectado puede acudir a la delegada de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo para exponer su caso, así como a la Jurisdicción Constitucional (a través de una tutela) o la laboral, con una demanda.

Sin embargo, el magistrado consultado considera que la vía más efectiva sería la tutela, ya que, asegura, es muy difícil que una demanda laboral de este tipo pueda prosperar, y los reconocimientos que se han hecho al respecto han venido en su mayoría de la justicia constitucional.

JUSTICIA – EL TIEMPO

A mitad del 2015, el empresario estadounidense Dan Price, fundador y director ejecutivo de la compañía financiera Gravity Payments, decidió bajarse el sueldo.

La reducción fue del 93 %: pasó de ganarse 1 millón de dólares al año a tan solo 70.000 dólares.

¿La razón de su decisión? Repartir ese dinero entre sus trabajadores y que estos no ganaran menos de los 70.000.

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Ahora, seis años después de su decisión, Price habló con el medio estadounidense ‘CBS News’ y sus conclusiones son bastante interesantes.

¿QUÉ DIJO?

Lo primero que Price le comentó al medio es que su política se mantiene firme y que él tuvo que adaptar su estilo de vida a sus nuevos ingresos, pero que se dio cuenta que no necesitaba tanto dinero para vivir.

Dijo que su negocio está prosperando: ha triplicado su fuerza laboral y la tasa de rotación ha reducido. Y que sus empleados son más leales, y hasta le regalaron un carro como muestra de afecto.

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Sobre los momentos más duros de la pandemia del covid, durante el 2020, aseguró que la compañía pasó momentos difíciles, pero que los trabajadores aceptaron reducir sus salarios para ayudar a sobrellevar la situación.

Finalmente, manifestó que no entiende por qué grandes empresas todavía no hacen cosas parecidas a las suyas y las invitó a adoptar esta idea.

“Mis empleados hacen más por mí que yo por ellos“, cerró.

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