Perú logró superar la pandemia del covid-19 más no la endémica crisis política que esta semana, salvo sorpresa de última hora, tendrá dos inéditos hechos: al presidente Pedro Castillo en el banquillo de los acusados y el intento de defenestrar a la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva.
El impopular mandatario peruano (hoy tiene solo el 21% de apoyo ciudadano) fue citado por la Fiscalía a declarar mañana en el escándalo de corrupción conocido como “Puente Tarata III”, basado en una denuncia de la exigencia y recepción de sobornos a cambio de la adjudicación de dicha obra en la región amazónica de San Martín.
Según el ente investigador, el presidente de izquierda sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el prófugo exministro Juan Silva Villegas, funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, empresarios, seis legisladores y terceros para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en varios procesos de licitación pública, obviamente amañada.
El escándalo estalló cuando la prensa reveló gestiones de la empresaria Karelim López ante el presidente Castillo para que el mencionado consorcio ganarse la licitación del mencionado puente por unos USD 57,6 millones. Hoy, bajo el paraguas jurídico de “colaboración eficaz”, ella acusó al mandatario, algunos funcionarios de su entorno más cercano e inclusive a dos de sus sobrinos de haber conformado una red criminal para lucrarse con la adjudicación de millonarias obras, viales y de infraestructura.
La causa contra Castillo es por presunto tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada y aunque se programó su declaración ante la Fiscalía (se desconoce si presencial o por escrito) para este lunes a las 10 a.m. (hora local) es improbable que se realice, máxime porque coincide con el partido de repechaje que Perú debe disputar en Doha contra Australia para lograr un cupo en el mundial de Catar.
Pero la razón jurídica es que la defensa del mandatario pidió a la Fiscalía reprogramar la citación a la espera de que se resuelva un recurso de tutela de derechos en favor de Castillo que presentó días atrás y que debería resolverse el miércoles.
La mencionada tutela busca que el juez de investigación ejecute un control de legalidad sobre los presuntos delitos por los cuales la Fiscalía abre la investigación, explicó el abogado del presidente, Benyi Espinoza para quien es más lógico y ‘legal’ que primero se vea la resolución de la misma y luego, dependiendo de ese pronunciamiento de la justicia, se realice el interrogatorio.
El equipo defensor presidencial perdió una primera batalla legal cuando considerando que esta “es una investigación muerta, que nunca debió abrirse” presentó un recurso de nulidad de la misma a la Fiscalía basándose en el artículo 117 de la Constitución de Perú que establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por hechos muy concretos (traición a la patria, impedir elecciones presidenciales o disolver e impedir el funcionamiento del Parlamento) y no por delitos comunes. De allí que acudiera a la tutela de derechos, que se utiliza cuando el imputado ve afectado o vulnerado sus derechos.
En el interregno de esta batalla judicial y aprovechando cualquier evento, Castillo reitera que es víctima de una “persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República”, que no se ha robado “ni un centavo” y que las acciones de la Fiscalía de allanar la sede de gobierno –en más de una ocasión- “entorpecen mi labor y denigran mi imagen”.
También en reiterados intentos de reconciliar al país ha llamado a “mirar el futuro con fe, dejando de lado cualquier ambición política o de poder a fin de promover el desarrollo de un país que nos requiere fuertes y cohesionados”.
Y rememorando el objetivo primario de su mandato apela a “continuar trabajando para vencer las desigualdades y las pocas oportunidades que nuestros hermanos del Perú profundo han tenido durante años. Estamos comprometidos en hacer convocación social con visión descentralizada”
A ese proceso se suma otra por supuesta contratación irregular de personal, que habría sido una constante en sus casi once meses de mandato. Y se dan luego de que el mandatario fuera sometido a dos mociones de censura, de las que salió vencedor gracias al apoyo de su partido, Perú Libre, en alianza con partidos minoritarios.
Pero esos no son los únicos problemas del maestro-presidente, los que se han vuelto casi que diarios. De su quinto gabinete, que completó el pasado 23 de mayo, con el nombramiento de los ministros de Interior, Energía, Desarrollo Agrario y Transportes. Los dos últimos ya no están en el gabinete, mientras el futuro del primero de ellos está amenazado por una moción de censura.
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Un sector de la oposición recoge firmas para presentar someter al voto de confianza (o reprobación) de Aníbal Torres que, en caso de prosperar, podría suponer la disolución del Parlamento.
Varios diputados ya se han mostrado en otras ocasiones contrarios a este mecanismo, pues permitiría a Castillo hacer uso de la denominada ‘bala de plata’ para disolver la Cámara ante lo que sería una nueva crisis del Gobierno peruano bajo el actual mandato presidencial.
La solicitud deberá conseguir 33 firmas para ser presentada ante el Parlamento, mientras que en la Cámara se deberán alcanzar los 66 ‘síes’ para apear a Torres de la Jefatura de Gobierno. La declaración del estado de emergencia ya motivó la presentación de una moción de interpelación al primer ministro que, sin embargo, fue rechazada.
El ministro de Desarrollo, Javier Arce, renunció el pasado domingo por “motivos de índole personal” pero luego se conoció que estuvo en prisión en 1997 y tiene 20 denuncias fiscales, entre otros antecedentes con la justicia. Por su parte, el de Transportes, Juan Silva, se dio a la fuga hace tres días luego que la Fiscalía ordenara su detención por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en el caso Puente Tarata III. Por ello, el gobierno ofrece una recompensa de 50 mil soles (unos 12.400 euros) por información que pueda dar con su paradero.
Con estos cambios se superan los 50 ministros que Castillo ha designado en su corta gestión.
Y, el caos político del gobierno se agrava con las denuncias contra la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien también funge como ministra de Inclusión Social, denunciada por la Contraloría por incurrir en una inhabilidad al ocupar simultáneamente un cargo público y uno privado.
“Acá no hay ninguna renuncia, ningún acto de esa naturaleza, estoy tranquila y serena”, dijo Boluarte, asegurando que lo que hay es una nueva maniobra política para echar abajo al gobierno izquierdista de Castillo.
La Contraloría afirma que la vice, abogada de profesión, firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del gobierno. Si el Congreso, controlado por la derecha, aprueba la denuncia no sólo la puede inhabilitar de la función pública por 10 años sino que allana el camino para retomar los planes contra a Castillo.
La batalla en el Congreso
Para completar el caótico panorama político y en una contraofensiva del oficialismo, Perú Libre anuncia una moción de censura contra la presidenta del Congreso por unos audios en los que revela sus intenciones de sacar a Castillo de la Presidencia.
“Ya hay una petición de renuncia, y también la bancada de Perú Libre va a presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva, contra la señora María del Carmen Alva, presidenta del Congreso”, sostuvo al cierre de semana el líder de ese partido y mentor del maestro-presidente, Vladimir Cerrón.
En este contexto, la congresista de Cambio Democrático Ruth Luque ya ha adelantado que su bancada apoyará la moción en caso de que Perú Libre la presente. “Por supuesto que vamos a respaldar y firmar la censura que está impulsando un grupo de colegas”, aseguró.
“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo”, aseguró Alva en el audio, quien reconoció la autenticidad del mismo, grabado en octubre del año pasado, pero aclaró que ahora fue difundido “intencionalmente” para ocultar otro presunto escándalo en el que estaría involucrado el mandatario peruano.
Ese es el preocupante escenario en que se mueve la política peruana. Sin gobernabilidad, incesante cambio de ministros, denuncias de corrupción contra el Presidente, su entorno y dura pugna en el Congreso. En fin, un Castillo de problemas.
Fuente: El Nuevo Siglo
