La Fiscalía imputó este miércoles a cinco personas, quienes están involucradas en el caso contra la Unión Temporal Centros Poblados, por la pérdida de 70.000 millones de pesos del anticipo de un contrato con MinTIC para la conexión de internet en zonas rurales.
Los acusados son Ottomar Lascarro Torres, Juan Carlos Cáceres, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros, y Emilio Tapia.
Según el ente acusador, los implicados deben responder por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación a favor de terceros.
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Explicó la Fiscalía cómo fue el delito de falsedad de documentos: “Esta conducta se ejecutó en acuerdo común y con división de poderes. Juan José Laverde se encargó de presentar al señor Emilio Tapia las empresas Omega Buildings e Intel de la Costa, de propiedad de Lascarro, pero manejadas a través de terceros, con el fin de que hicieran parte de la unión temporal para cumplir con los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros, sin que estas empresas tuvieran algún tipo de participación real en el desarrollo del contrato”.
Sobre el peculado por asociación, el ente acusador afirmó que “el 1 de diciembre de 2020, Luis Fernando Duque presentó el plan de inversión y manejo del anticipo. El 29 de marzo de 2021, Duque elaboró la orden de pago 01 con la cual autorizó que la fiducia girara $58.301 millones a la empresa Nuovo Security, por concepto del primer pago del contrato de suministro de equipos, telecomunicaciones, tecnología e infraestructura. En esa misma fecha, elaboró la segunda orden de pago, con la que autorizó que la fiduciaria girara $11.941 millones a la empresa Inselsa SAS. A través de esas empresas, se realizaron pagos que no corresponden al objeto del anticipo”.
En la audiencia de imputación de cargos Juan José Laverde afirmó que no acepta cargos pero “quiero dejar constancia que estoy colaborando con la Fiscalía para que se esclarezca la verdad de lo que ocurrió y esto permita la devolución de los dineros”.
Fuente: El Nuevo Siglo
