La entrada en vigencia de la Ley 2198 del 25 de enero de 2022 trae consigo una serie de cambios para el transporte. Por un lado, se amplía a cuatro años la reglamentación del tiempo de vida útil del transporte distrital, municipal y mixto, cuando su tiempo óptimo de uso haya culminado entre el 12 de marzo de 2020 y la promulgación de la presente ley.
(La nueva ley que amplía vida útil de vehículos de transporte público).
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Transporte Intermunicipal de Pasajeros (Aditt), José Yesid Rodríguez, aseguró que “a largo plazo, puede implicar un retraso importante en la reposición vehicular, en un momento en que es necesario migrar a tecnologías limpias”. Por ello, pidió apoyo gubernamental y otras medidas que permitan la reposición de los equipos.
De acuerdo con el Ministerio de Transporte, de 24.924 vehículos activos en esta modalidad, se ven beneficiados 24.562 automotores registrados en el país.
Los usuarios también podrán contar con beneficios en materia de movilidad. La ley establece que a raíz de las nuevas mega obras que hay en el país, las empresas de servicio intermunicipal podrán disponer de ellas para acortar tiempos de viaje y generar algunas economías en destinos ya autorizados por otras vías.
Según el experto en movilidad, Fernando Rojas, esta medida beneficia a los empresarios, pero no a los usuarios “al tener más tiempo para explotar económicamente un bus, ¿por qué no se baja la tarifa que paga el usuario? Las normas deben dejar de aplicar la ley del embudo, en que lo ancho queda para los que tienen el negocio y lo angosto para los usuarios”, dijo.
(Declaran nulidad en la creación de operadora de transporte en Bogotá).
La ley además contempla alivios para los dueños de los vehículos mixtos, y las organizaciones de carácter cooperativo y solidario de esta industria, por ejemplo, podrán utilizar los recursos del fondo de reposición, es decir, pueden solicitar la totalidad de sus aportes a los fondos de reposición, con el fin de tener un ingreso mínimo por la afectación económica producto de la pandemia del coronavirus.
Gremios y expertos aún ven interrogantes para el futuro de la norma.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Fuente: Portafolio
