El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, a quien Estados Unidos busca extraditar tras acusarlo de traficar unas 500 toneladas de cocaína, debe presentarse ante un juez de Tegucigalpa que decidirá su suerte.
Detenido el martes en la puerta de su casa en Tegucigalpa por la policía en coordinación con agencias estadounidenses, incluida la agencia antidrogas DEA, Hernández no ofreció resistencia y dejó que le pusieran un chaleco antibalas y lo esposaran de pies y manos con cadenas.
El expresidente de derecha, que dejó el poder a la izquierdista Xiomara Castro el 27 de enero tras gobernar Honduras ocho años, pasó la noche en un cuartel de las fuerzas especiales de la policía.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, explicó que un juez escogido por ese tribunal analizará la información remitida por Estados Unidos para tomar una decisión sobre la extradición. Precisó que en otros casos los procesos de extradición no han demorado más de cuatro meses.
Hernández, de 53 años, es acusado por el gobierno estadounidense de traficar unas 500 toneladas de cocaína a través de Honduras, a sabiendas de que terminaría en Estados Unidos, indicó la embajada estadounidense en Tegucigalpa en un comunicado.
Enfrenta tres cargos, entre ellos “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”.
También se le acusa de “usar o portar armas de fuego ametralladoras y dispositivos destructivos”. Un tercer cargo es por “conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos” a Estados Unidos.
Hernández es acusado de haber conspirado con su hermano Tony, un exdiputado que fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Nueva York el año pasado.
Al conocerse el pedido de extradición, decenas de personas llegaron con pancartas y banderas hondureñas hasta la casa de Hernández para celebrar, y se desataron festejos por todo el país.
El exmandatario, conocido por sus iniciales JOH, es actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo.
Pese a que sus abogados afirman que ello le otorga inmunidad, el reglamento del Parlacen no contempla este privilegio para quienes no gozan de inmunidad en su propio país. Los diputados hondureños no tienen inmunidad.
El Parlacen puede asimismo “levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados” a pedido de los gobiernos de los países que lo integran.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo la semana pasada que Hernández fue incluido en julio en un listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, y ordenó “restricciones de visa contra el expresidente debido a actos corruptos”.
Durante el juicio de Tony Hernández, fiscales estadounidenses aseguraron que el expresidente “ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como el Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares” a Tony para sobornar a su hermano.
Fuente: El Nuevo Siglo
