La Fiscalía acusó a Iván Márquez, cabecilla de las disidencias de las Farc por el asesinato de cuatro militares y el secuestro de un suboficial en hechos que se presentaron en 1997 cuando hacía parte del secretariado de las Farc. Adicionalmente, el ente acusador mantuvo su orden de captura.
Según la investigación, tropas del Ejército Nacional salieron a buscar a dos compañeros que estaban desaparecidos en zona rural del corregimiento de Currulao, en Turbo (Antioquia). En esa labor sostuvieron un enfrentamiento armado con integrantes del bloque noroccidental de las extintas Farc.
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En la acción, tres uniformados quedaron heridos: el capitán Carlos Enrique Vidal Aponte, y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz. De inmediato, el enfermero de combate Fabio Pinedo Serna y el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle llegaron al lugar para asistirlos, pero los cinco militares fueron retenidos y llevados a un campamento de la organización criminal.
El asesinato de los militares
Los tres militares lesionados y el soldado enfermero fueron asesinados con armas cortopunzantes y disparos de fusil, realizados a corta distancia. De otra parte, el sargento estuvo secuestrado casi seis años. Finalmente, fue rescatado durante la operación en la que el Ejército Nacional pretendía liberar al entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa; al asesor de paz del departamento, Gilberto Echeverri Mejía y a otros integrantes de la fuerza pública que también estaban en cautiverio.
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Según la Fiscalía, estos hechos habrían sido ordenados por el extinto secretariado de las Farc del que hacía parte alias Iván Márquez y quien ahora, por su línea jerárquica de esa organización, deberá responder por los delitos de homicidio agravado, homicidio de persona protegida en grado de tentativa y secuestro extorsivo agravado.
Crimen de guerra
Para la Fiscalía, el actuar del grupo armado constituyó un crimen de guerra porque se desconocieron los principios de humanidad y dignidad de las víctimas que estaban en condición de fragilidad y vulnerabilidad, y debieron ser protegidas y auxiliadas.
Por otra parte, la Fiscalía investiga la relación que hay entre el accionar violento de las disidencias, incluida la de Márquez, con el asesinato de más de 300 excombatientes desde la firma de los acuerdos de paz. Varios de ellos, según el ente investigador, han muerto por su negativa de regresar a las armas y por oponerse a la proliferación de cultivos de uso ilícito.
Colprensa
Fuente: RTVC Noticias
