“Quiero decirles a los inversores de Estados Unidos, y de todo el mundo, que las puertas de Venezuela están abiertas para la industria petrolera”. Con esta frase, el presidente del país, Nicolás Maduro, daba su brazo a torcer para la liberalización del mercado del petróleo, un paso histórico para evitar las sanciones de Estados Unidos y volver a ser una potencia en el mercado del oro negro.
Medio año después, la situación crítica del sector petrolero venezolano sigue sumando malas noticias. No solo no han venido empresas extranjeras, sino que muchas han abandonado el país. Diversos economistas apuntan recientemente a que las remesas de la población que se ha marchado de la nación latinoamericana ya superan en ingresos a las exportaciones. Además, una reciente crisis medioambiental pone de manifiesto cómo los problemas no paran de multiplicarse.
En los últimos días, el desafío de rearmar su infraestructura se ha materializado de forma más visual que nunca. El lago más grande de Venezuela, el lago Maracaibo, se está contaminando y llenando de manchas de petróleo, debido a que el déficit de la empresa pública de crudo (Pdvsa) y el éxodo de técnicos ha provocado una falta de mantenimiento permanente y las fugas en este área (una de las más ricas en petróleo) son una constante.
Imágenes de la Nasa muestran como, desde el espacio, se observa que un lago de más de 13.000 kilómetros cuadrados se ha teñido de negro y verde por la floración de las algas. Un desastre medioambiental que afecta al que es el segundo lago más antiguo del planeta y una fuente de turismo por sus playas y por sus fenómenos naturales únicos en el mundo.
Varios expertos apuntan a miles de pozos rotos sin solución. En esta región, hay más de 10.000 instalaciones y redes de tubos submarinos que, según la universidad Simón Bolívar, tienen ya 50 años de antigüedad (y no se han cambiado desde entonces). La tradicional industria pesquera del área de Zulia (la provincia situada en este lago) está sufriendo un revés histórico y miles de pescadores están perdiendo su principal medio de vida.
Menos ingresos por petróleo que por remesas
A pesar de que no hay datos oficiales, diferentes economistas locales coinciden en que 2020 cerró como un año histórico por ser el primero en el que el dinero de los envíos de los migrantes venezolanos supera a los ingresos por petróleo que llegaron a través de exportaciones.
Desde Bloomberg señalan que las remesas supusieron en 2020 cerca de 10% del PIB, entre US$4.000 y US$5.000 millones, que vienen de los más de 5 millones de ciudadanos que abandonaron el país por la situación social y económica. España es el tercer país que más aporta en estos envíos, solo superada por Estados Unidos y Chile.
La cifra de las remesas habría superado por mucho los cerca de US$2.300 millones que se cree que el país ingresó por el oro negro en el año de la pandemia. Unas cifras históricas que todos coinciden en que no se repetirán este año por la subida del precio del crudo, aunque los problemas de fondo que han llevado a esta situación siguen ahí.
Así lo entiende Francisco J. Monaldi, Director del Programa Latinoamericano de Energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice en Houston, Texas. En declaraciones a elEconomista.es, el experto afirma que coincide con las estimaciones de Bloomberg y añade que “entre la caída del petróleo y las sanciones era muy difícil exportar y los barriles se vendían muchas veces por debajo de los 3 y los 2 dólares”.
“Las últimas sanciones completan un proceso de colapso que lleva años produciéndose” explica Monaldi. “Primero Pdvsa entró en una situación de default y la refinanciación ya era una locura, con tasas de interés altísimas”. Tras esto afirma que “la entrada en vigor de las primeras sanciones fue un duro golpe a la refinanciación y el cierre de EEUU como mercado, su destino más importante, lo cambió todo”. Según el experto, la caída en los ingresos coincidió con la subida del coste de producción, ligada a las dificultades para importar diluyentes, derivadas de las sanciones.
En ese punto Venezuela dependía a nivel logístico de Rusia, China y la India, un sistema que generaba menos ingresos pero que aún funcionaba. Sin embargo, “en 2020 se aplicaron sanciones secundarias a estos tres países, que redujeron sus compras de manera dramática. Este último año han rediseñado su sistema”, pero han necesitado tiempo con las exportaciones a mínimos y con el precio del barril por los suelos. “Sin duda ya había trazada una trayectoria de colapso, pero las sanciones la han acelerado completamente” sentencia Monaldi.
Para hacer frente a esta situación, Maduro se encomendó (al menos en sus discursos) a los inversores extranjeros, a los que invitaba a producir a cambio de grandes beneficios. Una solución que ayudaría a esquivar las sanciones y solucionaría muchos de sus problemas. Sin embargo, de momento ha sucedido todo lo contrario. Hace escasos meses varias empresas han anunciado que abandonan el país por la delicada situación.
Total y Equinor se marchan de Venezuela
A lo largo de este verano, Total Energies y Equinor han anunciado que abandonan el proyecto más importante en el país y el único en el que estaban como socios: la Faja del Orinoco. Ambas firmas han dado, sin condiciones y sin exigir nada a cambio, el 100% de su participación en el proyecto a PDVSA, que se queda con todo el capital social.
Total y Equinor llevaban décadas invirtiendo en la que se prometía como la zona de extracción de petróleo más rentable del país. Tras un par de años esperando a que la situación política y social mejorase y, por lo tanto, que las pérdidas acumuladas se convirtieran en una gran oportunidad, han tirado finalmente la toalla.
Las empresas no hicieron mención a las sanciones o a la situación venezolana en sus comunicados. Total afirmó que se debía a motivos medioambientales y responsabilidad social dado que este proyecto tenía un alto grado de emisiones de carbono, incluso dentro del sector de las energías fósiles. Desde Equinor, por su parte, hablaron de motivos geoestratégicos para lograr un enfoque en otras áreas internacionales.
Desde el Instituto Baker afirman que “operar en Venezuela ya era complicado por los problemas políticos y la relación con PDVSA, que muchas veces no cumplía sus pagos”. Afirman que las empresas permanecían porque “a pesar de que su producción estaba paralizada al 100% (con las pérdidas que eso conlleva)”, esperaban un cambio de rumbo a nivel político. “Estamos casi seguros de que si hubieran visto la posibilidad de un nuevo Gobierno se hubieran quedado”.
Sin embargo, creen que los criterios ESG y medioambientales han sido determinantes. “Sus accionistas (muchos de ellos fondos que invierten con criterios eco) estaban presionando para que se fueran a proyectos menos contaminantes”. En especial creen que los europeos y los Gobiernos ligados a ellos, han presionado mucho. “En particular el Fondo Soberano Noruego, ha sido muy intenso con el carbono”.
La liberalización que no llega
Tres presidentes de Pdvsa ya han hablado abiertamente de abrir el mercado al extranjero. Monaldi afirma que “hay quien apunta a que los militares son quienes se oponen a esta medida”. Varios altos cargos del ejército han ido copando puestos relevantes en Pdvsa de un tiempo a esta parte. Destaca la designación como vicepresidente de la empresa pública al teniente coronel Antonio Pérez el año pasado. El último paso en este sentido fue la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Según el decreto que les daba esta concesión, esta empresa se encargará de “todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general, sin que esto implique limitación alguna”.
Diversos expertos opinan que esta empresa paralela al servicio de Pdvsa podría encontrar problemas si entran a competir firmas extranjeras. Desde la oposición creen que esta nueva iniciativa corresponde al interés de Maduro por tener la simpatía del sector militar y de esa forma blindarse en el poder.
“Con el control absoluto de la Asamblea Nacional, no tiene sentido que no se tomen medidas si así quieren hacerlo”, destaca el profesor Monaldi. De momento, no se ha aprobado ninguna ley para que los actuales accionistas minoritarios puedan hacerse mayoritarios y puedan extraer crudo por sí mismos.
Venezuela ‘resurgirá’ en 2021
Pese a todo, Venezuela vivirá una mejoría este año, amparada especialmente en la subida de los precios del crudo. En el caso del Brent ha pasado de los 20 euros en su peor momento de 2020 a cotizar ahora a más de 84 euros. Una mejora sustancial que hará que sea más rentable producir.
Según la Opep, Venezuela estaría exportando ahora mismo cerca de 700.000 barriles diarios, muy por debajo de su ‘época dorada’. Sin embargo, se trata de una cifra mucho mejor que la que ha dado el ministro del Poder Popular de Petróleo venezolano Tareck El Aissami, que apuntaba por debajo de los 400.000 barriles diarios, niveles de la década de 1930. Otros productores, como Arabia Saudí, exportan de media cerca de 10 millones de barriles diarios.
Además desde el Instituto Baker destacan que, con una eventual bajada leve de sanciones, las empresas chinas podrían responder al llamado de Maduro y acudir a tropel a sacar petróleo del país. “China tiene un proyecto muy grande que dispararía la producción”. Añade que el gigante asiático “importa cada vez más crudo y con los precios actuales, Venezuela podría ser interesante a pesar de todas las sanciones”.
Fuente: La Republica
