Consejo de Competitividad emitió recomendaciones urgentes para el país

Comparte la información

Acelerar la vuelta a la presencialidad en el sector educativo de Colombia, implementar una reforma pensional, y ampliar el umbral a partir del cual se declara el impuesto de renta de las personas naturales, son algunas de las recomendaciones que entregó ayer el Consejo Privado de Competitividad – CPC. Aquí las medidas de acuerdo a cada sector.

 

El informe Nacional de Competitividad 2021-2022 presentado ayer por el Consejo Privado de Competitividad – CPC, resaltó los esfuerzos que se realizan en el país a nivel público y privado para enfrentar la crisis del COVID-19, y emitió recomendaciones para mejorar la productividad enfocada en impactar directamente la vida y bienestar de las personas, en el marco de la reactivación económica.

Estos son 16 aspectos que analiza y evalúa el CPC, y sobre los cuales enuncia las tareas prioritarias a trabajar, para lo que deben articularse el sector privado, el Estado, la academia y la sociedad en aras de mejorar la competitividad.

Trabajo

Actualizar la legislación laboral para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo y cerrar las brechas de cobertura y calidad en protección social. Reducir costos laborales no salariales asociados a la contratación formal y regular la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud. Diseñar e implementar la Política Nacional del Cuidado.

Pensiones

Avanzar en el diseño e implementación de una reforma pensional estructural. Y entretanto, incrementar la cobertura de los programas Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

Internacionalización

Establecer una fuerza de tarea para el análisis, clasificación y evaluación de medidas no arancelarias.  Poner en marcha el nuevo sistema informático aduanero de la Dian para automatizar los procesos que aún se realizan de forma manual.

Impuestos

Reducir la carga tributaria corporativa. Racionalizar exenciones y regímenes especiales para reducir el gasto tributario y aumentar la equidad del sistema.  Ampliar el umbral a partir del cual se declara el impuesto de renta de las personas naturales para aumentar la base gravable.

Financiación empresarial

Ejecutar las acciones relacionadas con la educación financiera de las empresas incluidas en la Política Nacional de Inclusión y Educación Económica y Financiera, así como en la Política Nacional de Emprendimiento. Evaluar los resultados e impacto del Fondo Emprender de manera periódica. Desarrollar una normativa que brinde mayor claridad en el contrato de ‘leasing’ sobre obligaciones, responsabilidades y beneficios asociados.

Ciencia e innovación

Establecer una política de Ciencia Tecnología e Innovación – CTI, que fortalezca el portafolio de instrumentos de política e incremente la inversión pública y privada en actividades de CTI de manera sostenida hacia los niveles recomendados por la Misión de Sabios. Implementar el Marco de Inversión en CTI para lograr incrementar los recursos públicos y apropiar su rol transversal en los distintos sectores. Diseñar y poner en marcha un sistema de vigilancia tecnológica orientado a cerrar las brechas tecnológicas de las empresas.

Medioambiente

Fortalecer los canales de transmisión de la información ambiental y las iniciativas orientadas a desarrollar acciones de educación ambiental.  Avanzar en la implementación de las acciones del nivel nacional, regional y privado para aportar a las metas de cambio climático establecidas en la Contribución Nacionalmente Determinada –NDC, y desarrollar un sistema de seguimiento abierto para consulta pública.  Fortalecer las capacidades técnicas de las empresas y los consumidores para la implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular.

Emprendimiento

Ejecutar el censo económico, publicar los microdatos anonimizados del Registro Único Tributario y hacer pública la base de datos del Registro Único Empresarial. Realizar un Análisis de Impacto Normativo –AIN, a los reglamentos técnicos emitidos hace más de cinco años y derogar los que no tengan evidencia de un impacto positivo. Modernizar la política pública de protección de la libre competencia en institucionalidad, régimen sancionatorio y abogacía de la competencia. Seguir fortaleciendo, articulando y escalando los programas de extensionismo tecnológico basado en los resultados de evaluaciones iterativas.

Eficiencia del Estado

Implementar un programa de desregulación basado en la medición de costos. Continuar evaluando los subsidios considerando su efectividad y eficiencia. Hacer obligatorio el uso del Sistema Único de Consulta Pública -Sucop.

Justicia

Consolidar un sistema unificado de reporte y acceso a la información pública de la rama judicial. Integrar los procesos de digitalización de la justicia y acelerar la implementación del expediente electrónico.  Adelantar un nuevo estudio de costos y tiempos procesales.

Anticorrupción

Realizar una reforma política que modifique el sistema de financiamiento de las campañas electorales. Expedir una normatividad para promover la denuncia de la ciudadanía en casos de corrupción.  Agregar contenido anticorrupción en el sistema educativo del país, modificando los derechos básicos de aprendizaje.

Infraestructura

Permitir que los ­fletes se generen en condiciones de competencia. Acelerar la implementación de infraestructuras logísticas especializadas y diseñar un plan de promoción de infraestructuras logísticas agropecuarias.  Actualizar el Plan Maestro de Transporte Intermodal.

Energía

Asegurar la confiabilidad y el suministro de energía a través de la diversificación de la matriz de generación. Impulsar los sistemas de generación distribuida y la respuesta de la demanda. Continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos.

Economía digital

Fomentar alianzas público-privadas para extender servicios digitales a zonas rurales y remotas. Aumentar el número de puntos de intercambio de tráfico. Acelerar la vinculación de entidades públicas a los servicios de interoperabilidad.

Educación

Acelerar la vuelta a la presencialidad e implementar mecanismos de remediación de las posibles pérdidas de aprendizaje asociadas al cierre de centros educativos por la crisis del COVID-19. Desarrollar una estrategia integral para atender a niñas, niños y jóvenes en riesgo de deserción en la educación básica, media y superior.  Fomentar la apropiación y el uso del marco nacional de cualificaciones por parte del sector productivo y el sector educativo y formativo.

Salud

Usar sistemáticamente tecnologías digitales para favorecer mejores resultados en salud y eficiencia.

Introducir un pago por desempeño para las entidades promotoras de salud -EPS. Evaluar los riesgos de mediano y largo plazo generados o agravados por la pandemia sobre la salud poblacional.

Fuente: La Nacion