Este domingo el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, denunció en su columna de El Tiempo lo que él llamo “una pirueta” en el Banco de la República, que a fines de agosto le entregó al Gobierno Nacional recursos de las reservas internacionales por US$2.790 millones a cambio de TES a largo plazo, transacción que se convierte en un crédito, y no una venta de divisas como se había señalado, transacción que estaría prohibida por Ley.
Martínez explica que esto ocurrió después de que el Banco de la República recibiera parte de las reservas internacionales que el país tenía invertidas en DEG del FMI, cuando el organismo internacional decidió devolver una parte de esos DEG a 190 países miembros, en proporción a sus cuotas. En ese momento a Colombia le correspondieron US$ 2.790 millones, dinero que recibió el Emisor como “administrador constitucional de las reservas internacionales”.
Al recibir el dinero, el Emisor lo entregó al Ejecutivo a cambio de papeles emitidos por el propio gobierno y desde el banco defendieron lo ocurrido asegurando que se trató de una venta de divisas, el problema del asunto es que en realidad esos dólares el Gobierno los pagará en ocho y 11 años, porque el pago fue en TES, y según Martínez, ese tipo de movimientos con las reservas internacionales son prohibidas por la Constitución.
“Es claro que el banco central puede venderle dólares al Gobierno, pero contra pesos constantes y sonantes. Y ahí viene el otro pero. Porque el Gobierno pagó con TES clase ‘B’, cuyo vencimiento inicial era el año 2022 y fueron sustituidos por vencimientos de largo plazo, entre 2029 y 2032. A ver si el República le ‘vende’ dólares a un banco o a un particular, contra la entrega de pagarés con fecha de vencimiento a diez años”, dijo Martínez Neira.
Para el exfiscal general de la Nación, “el Gobierno recibió dólares equivalentes a una reforma tributaria de “10 billones, activos líquidos que deberá pagar en una década, cuando venzan los TES. Esto se llama un crédito. Lo demás es paja. La pregunta es si, entonces, el Banco de la República llevó a cabo un empréstito al Gobierno con cargo a las reservas internacionales, que está expresamente prohibido (art. 14, Ley 31 de 1992), o la transacción se hizo como un crédito oficial aprobado por todos los miembros del Emisor, según la Constitución”.
Para el exfiscal, no es solo una “pirueta” que se deberá analizar por su posible ilegalidad, sino que de ser permitida abre la puerta del banco para que en un futuro siga financiando de esta manera a otros gobiernos.
¿Qué dijo el Banco de la República en su momento?
El Banco de la República explicó que “Colombia recibió DEG 1,96 mil millones, un monto equivalente a US$2.790 millones. De acuerdo con el marco constitucional y legal del país, la asignación de DEG fue recibida por el Banco de la República como parte de las reservas internacionales que administra, al ser la única entidad autorizada para ello”.
Señaló además que “antes de la asignación de DEG, el país contaba con liquidez internacional suficiente, representada por un nivel adecuado de reservas internacionales (US$58.900 de millones) y la Línea de Crédito Flexible del FMI (US$12.200 de millones aproximadamente). En estas circunstancias y en línea con el objetivo de la asignación de DEG por parte del FMI, la Junta Directiva del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público consideraron conveniente reforzar la liquidez del Gobierno Nacional en un período en el cual el país continúa enfrentando retos importantes por cuenta de la pandemia y sus consecuencias”.
El Emisor especificó que “para ello, el Banco vendió reservas al Gobierno Nacional por un monto en dólares equivalente a la asignación de DEG y recibió como pago Títulos de Tesorería TES Clase B del portafolio administrado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con esta operación el Gobierno obtuvo liquidez inmediata en dólares y mejoró el perfil de su deuda interna, ya que parte de los títulos entregados al Banco provienen de canjes internos, previamente realizados por el Gobierno Nacional, cuyo vencimiento inicial era el año 2022 y fueron sustituidos por vencimientos de largo plazo”.
Fuente: La Republica
