Tras semanas de negociaciones, el Gobierno español presentó su reforma de financiación de las pensiones de jubilación, que contempla un incremento de las aportaciones sociales sin postergar la edad de jubilación, provocando el descontento de los empresarios.
A instancias de Bruselas, que pide reequilibrar un sistema amenazado por el envejecimiento de la población y la baja natalidad, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez descartó este verano rebajar las pensiones o prolongar la vida laboral.
Tras un acuerdo con los sindicatos, optó finalmente por subir las contribuciones a la Seguridad Social, el organismo público que gestiona las prestaciones y pensiones de los trabajadores. Este incremento, de 0,6%, será “contingente y temporal”, precisó el Gobierno en un comunicado.
El aumento se repartirá a partes diferentes entre empresarios (80%) y trabajadores (20%). Entrará en vigor en 2023 y será objeto de revisiones regulares a partir del 2032, fecha tras la cual podrá ser anulado si el estado financiero del sistema de pensiones lo permite.
Este acuerdo constituye un “paso más para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones”, estimó Pedro Sánchez en Twitter, congratulándose por la luz verde dada a la medida por los dos principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
Seguridad
Madrid presentó a finales de agosto un primer borrador de proyecto de ley sobre las pensiones que las indexaba a la inflación y animaba a los asalariados a trabajar más tiempo, a cambio de incentivos.
Pero faltaba ponerse de acuerdo en el aspecto más delicado, el “Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)”, un dispositivo para asegurar la supervivencia del sistema alimentando los “fondos de reserva” de la Seguridad Social.
Este fondo creado hace 20 años llegó a contar con 67 mil millones de euros (76 mil de dólares), de los que hoy no quedan más que dos mil. Con la reforma se espera que tenga 50 mil millones antes de 2032, según estimaciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
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Eso “va a permitir generar un colchón de seguridad” para afrontar la “tensión” que puede darse cuando la generación de la explosión demográfica llegue a la edad de jubilación, sobre todo “en la década de los años 30 y 40”.
La reforma de las pensiones, que la Comisión Europea reclama desde hace años, era una de las condiciones impuestas a Madrid para beneficiarse de los 140 mil millones de euros del plan europeo de recuperación de la pandemia de coronavirus.
Sin garantías
Para algunos economistas, el incremento de las cotizaciones no bastará para asegurar la viabilidad del sistema.
El nuevo mecanismo, que mantiene en 67 años la edad legal de jubilación, “no mejora ni la sostenibilidad ni la equidad del sistema de pensiones, y reduce su contribución”, estimó la consultora BBVA Research.
Al contrario de lo que pretende, podría descargar “la mayor parte del gasto sobre las generaciones más jóvenes, que probablemente tendrán que soportar tasas de prestación (pensión media sobre salario medio) más bajas y un mayor endeudamiento”, añadió BBVA Research en su comunicado.
El análisis es compartido por las organizaciones patronales, que se negaron a firmar el acuerdo del ejecutivo en protesta por el incremento de las cotizaciones.
Esta reforma, que hace “que la mayor carga recaiga sobre las empresas, tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”, denunció la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).
El problema de las pensiones de jubilación es particularmente acuciante en España por razones demográficas: el país tiene la segunda tasa de natalidad más baja de Europa (1,23 niños por mujer) y una alta esperanza de vida, superior a los 83 años.
En el horizonte de 2035, “tendremos 16 millones de jubilados en lugar de nueve. El desequilibrio va a ser importante”, argumentó Jordi Fabregat, profesor en la escuela de negocios Esade, quien considera que el Gobierno tenía que haber “hecho algo un poco más sofisticado”.
Aumentar las cotizaciones, añadió, era “la más fácil de todas” las opciones, pero vista la situación deberían haber “tomado una multitud de medidas”.
Fuente: El Nuevo Siglo
