El impacto económico de la pandemia covid-19, la inestabilidad política y social, la crisis migratoria y de desplazados, la inseguridad y hasta la falta de lluvias abonan la inseguridad alimentaria en una treintena de países, la mayoría de ellos en el continente africano.
Según el informe “Focos del Hambre” realizado conjuntamente por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la FAO, en el mundo hay al menos 43 millones de personas que requieren alimentos de manera urgente y alerta sobre el riesgo de que la inseguridad alimentaria se agrave en decenas de naciones, entre ellas Colombia, donde la causa específica es la alta migración de venezolanos, a los que no solo ha acogido, sino que ha facilitado un Estatuto Temporal de Protección que implica ayudas sociales, salud y permisos de trabajo.
De los 20 ‘focos’ que hace referencia PMA, considerando que la inseguridad alimentaria se agravara de febrero a mayo, 16 están en África, al sur del Sahara; cinco en Asia (Afganistán, Líbano -que ha recibido de millones de refugiados sirios- -, Myanmar, Siria y Yemen, y los tres restantes en América Latina y el Caribe, a saber: Colombia, Honduras y Haití.
Destaca el informe que Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen permanecen en el nivel más alto de alerta por inseguridad alimentaria, mientras que Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Siria se consideran “países preocupantes” donde ya hay muchas personas pasando hambre y en los que se prevé que las condiciones se deterioren de aquí a mayo. El Sahel, como región, entra en esta categoría.
En una escala de uno a cinco, entre alimentación suficiente y situación de hambruna, los países con mayor cantidad de personas en las graves posiciones de tres a cinco son la República Democrática del Congo (25,9 millones), Afganistán (22,8), Nigeria (18), Etiopía (16,8) y Yemen (16,1 millones).
En Haití están en esa condición 4,5 millones de personas, y en Honduras 3,3 millones.
Vale destacar que, en el mismo, por falta de datos dado sus regímenes gobernantes, no se contempla a Venezuela y República Democrática de Corea donde se da por descontado que la inseguridad alimentaria es grave.
La alerta sobre Colombia
Por el alud de migrantes, especialmente venezolanos, el impacto de la pandemia y el desplazamiento interno, el informe indica que el hambre puede ganar terreno en Colombia.
De acuerdo con el estudio de necesidades humanitarias de 2022, 7,3 millones de colombianos precisarán asistencia alimentaria este año y hasta julio pasado se contabilizaban 1,1 millones de migrantes venezolanos en el país en situación de inseguridad alimentaria, aunque destaca que esto ha mejorado.
El texto también subraya que ha aumentado el número de migrantes venezolanos, que en agosto pasado llegaban a 1,8 millones acogidos en Colombia y adelanta que esa cantidad podría crecer. A ese colectivo se aúnan las personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.
Ha sido precisamente la acogida a esos millones de migrantes lo que ha ralentizado los avances logrados en los últimos años, en cumplimiento de las metas en el Segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es “Hambre cero”, para lo cual se implementaron decenas de programas con resultados tan positivos, que incluso el pasado mayo fueron elogiados por la FAO, específicamente en el tema de seguridad alimentaria, en carta enviada a la Primera Dama, María Juliana Ruiz, en la que también reconoce los esfuerzos realizados ante desafíos como el arriba mencionado.
Meses después, la representante de la FAO en Colombia, Ana Cristina Nogueira, recalcó los avances que Colombia hizo en lucha contra el hambre y la desnutrición. Entre ellos destacó la formulación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la creación de la Comisión Intersectorial, como instancia de concertación y las diferentes iniciativas en pro de reducir la desnutrición infantil y la hoja de ruta para lograr una seguridad alimentaria sostenible.
En su momento se destacó que el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” diseñó acciones que contribuirán a poner fin al hambre extrema y la desnutrición. A 2022, se fijó como meta disminuir la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, de 6,8 a 6,5 muertes por cada 100 mil y dicha cifra deberá bajar a 5 para el 2030.
De igual forma el programa “Campo con progreso” que este año espera cumplir la meta de 550 mil productores con nueva asistencia técnica agropecuaria y 300.000 con un nuevo modelo de agricultura por contrato.
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A todo ello debe sumarse los Programas de Alimentación Escolar, los comedores comunitarios, las ayudas en dinero y especie para los adultos mayores, así como los centros de acogida estos últimos en situación de abandono.
De otra parte el informe indica que la pandemia amplificó la desigualdad y apunta que el alto nivel de la inflación seguirán afectando el poder de compra de las familias pobres.
Para afrontar el problema, el informe recomienda medidas como las transferencias de efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las comunidades de acogida, así como la distribución de insumos agrícolas y el establecimiento de áreas para la producción rápida de alimentos, atención médica veterinaria, apoyo a la producción de forraje y ayuda para preservar los medios de vida.
La mayoría de las anteriores se implementaron desde hace varios meses, inclusive al poco tiempo de la irrupción de la pandemia, beneficiando con ayudas mensuales, en especie y efectivo, a millones de personas. Además, como reseñamos, con la expedición del Estatuto Temporal de Protección al Migrante, del cual ya se han beneficiado miles de venezolanos.
Honduras
La poca precipitación acumulada en 2021 por lluvias debajo del promedio en octubre y noviembre de 2021, y la crisis derivada de la pandemia son los dos principales motivos de un empeoramiento de la inseguridad alimentaria en los meses por venir en Honduras, sobre todo en el Corredor Seco del país, donde las familias más pobres necesitarán asistencia humanitaria.
Aunque la producción de maíz disminuiría sólo un 3% en comparación con la media de los cinco años anteriores, la reducción de 60% que se espera en la producción de sorgo afectaría los medios de vida agrícolas.
Además, el Banco Mundial el 32% de las personas empleadas perdió o abandonó su trabajo como resultado de las perturbaciones derivadas de la pandemia.
En la arena política, el estancamiento en el Congreso y la desconfianza generalizada en las instituciones públicas son un desafío para el nuevo gobierno de Xiomara Castro y obstaculizaría sus políticas de combate a la pobreza.
Las agencias de la ONU recomiendan ampliar la cobertura y calidad de los programas nacionales de alimentación escolar, brindar asistencia de emergencia a las poblaciones más vulnerables para que reparen sus medios de subsistencia y produzcan alimentos, impulsar los mercados locales y ampliar la duración de la asistencia alimentaria y las transferencias de efectivo.
Haití
La crisis económica, la sucesión de cosechas por debajo de lo normal, la inestabilidad sociopolítica y la violencia de las pandillas exacerbarían los de por sí alarmantes niveles de hambre en Haití, especialmente los departamentos del sur del país.
Según cifras de la ONU, al inicio de febrero de 2022, unos 4,3 millones de personas requieren ayuda alimentaria de emergencia y de marzo a junio el horizonte se agravaría para alcanzar a 4,6 millones de haitianos en esas condiciones.
La depreciación de la divisa haitiana y el alza de los combustibles y las materias primas erosionarán más el poder adquisitivo de las familias, cuya canasta básica cuesta un 40% más que hace un año por el aumento de los precios de los productos importados como el aceite vegetal, la harina de maíz y el trigo.
Por otra parte, la inseguridad y la inestabilidad política seguirán siendo altas en los próximos meses, dificultando el acceso y las operaciones humanitarias.
También se prevén cosechas por debajo del promedio por la falta de precipitaciones de las dos últimas temporadas de siembra de maíz.
Ante ello, recomiendan distribuir alimentos e implementar transferencias de efectivo e insumos para la agricultura y el ganado a las familias más necesitadas, además de rehabilitar las infraestructuras agrícolas comunitarias afectadas por el terremoto, incluidas las áreas de almacenamiento de semillas, captación de agua y sistemas de riego.
Fuente: El Nuevo Siglo
