Ofensiva jurídica de EE.UU. contra el régimen venezolano

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LA intensa presión que, desde la pasada administración, la del republicano Donald Trump, ejerce Estados Unidos sobre el régimen venezolano se acompasa con varias investigaciones penales contra personajes de su entorno que tendrían información clave sobre el pago de sobornos y el envío de cientos de toneladas de drogas ilícitas a Norteamérica.

Son muchas las causas abiertas al igual que los pedidos de extradición. Sin embargo, en semanas recientes han vuelto a la palestra tres de ellas, cuyos implicados están requeridos por la justicia estadounidense y podrían, como se dice popularmente, “prender el ventilador” contra líderes chavistas. Se trata del colombiano Alex Saab y de los venezolanos Hugo ‘El Pollo’ Carvajal y Adrián José Velásquez Figueroa.

El primero de ellos es considerado por las autoridades norteamericanas como ‘testaferro’ de esa dictadura, mientras que los otros, exjefe de inteligencia y exjefe de seguridad del fallecido Hugo Chávez habrían participado y/o tenido conocimiento tanto del narcotraficante ‘Cartel de los Soles’ como de los millones que se pagaron en sobornos para diversas actividades ilícitas desde permitir el paso de narcocargamentos hasta el lavado de dinero.

Los anteriormente mencionados tienen en común, también, que con diversos recursos judiciales han retrasado su extradición, la que esperan definitivamente evitar basados en una colaboración con la justicia de los países donde se encuentran: Cabo Verde y España, respectivamente.

Saab, ¿diplomático o testaferro?

De contratista de viviendas sociales en Venezuela, el colombiano Alex Saab pasó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Nicolás Maduro, que le dio la nacionalidad, un título de embajador y lucha incansablemente para evitar su extradición a Estados Unidos.

Pero el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, donde ha estado detenido desde junio del año pasado, autorizó hace un mes el pedido de la justicia estadounidense, que acusa a este empresario colombiano de 49 años de lavar dinero según un esquema de sobornos.

De acuerdo a la denuncia, Saab y su socio Álvaro Pulido, también buscado, habrían transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que ellos poseían o controlaban. Ambos enfrentan hasta 20 años de prisión si son hallados culpables.

La oposición lo señala de ser “testaferro” de Maduro y su familia, mientras han sido estampados mensajes pidiendo “Libertad para el diplomático Alex Saab” o #FreeAlexSaab” en letras negras y rojas en muros de Caracas. El gobierno además ha emitido múltiples notas de protesta exigiendo su libertad y catalogando su arresto de “secuestro”.

“Nunca antes el chavismo hizo tanto por alguien. ¿Qué explica que se esté moviendo cielo y tierra, que se le busque dar inmunidad diplomática?”, explicó a la AFP Roberto Deniz, periodista del sitio Armando.info, que ha escrito exhaustivamente sobre el caso Saab, que llegó a demandarlo en la justicia.

“Es evidente que hay mucho temor, no solo porque pueda revelar información sobre coimas, sitios donde se movió dinero, sobreprecios”, sino porque él “era la bisagra de muchos de estos negocios que empieza a hacer el régimen de Nicolás Maduro con otros países aliados (…) y es evidente que es un señor que debe tener muchísima información”, añadió.

Este empresario colombiano tuvo su primer contacto en Venezuela en “el ramo de la construcción” y así firmó su primer contrato en 2011, bajo la presidencia de Hugo Chávez, cuando Nicolás Maduro fungía como canciller. Se trataba de la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas, basado en “un sistema italiano de construcción”, sostuvo en dicho momento.

Años más tarde, con la llegada de Maduro al poder, extrañamente se convierte en “el contratista consentido” de ese gobierno y, después, en su “ministro plenipotenciario en la sombra”.

Según el periodista Deniz, de las viviendas sociales, Saab ganó un contrato para la construcción de gimnasios por 100 millones de dólares, pagados por adelantado, y de ahí uno en petróleo con una “empresa fantasmal” sin experiencia, que se terminó cayendo por el reclamo de otras empresas en el ramo.


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Cuando en 2016 Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un plan de distribución de alimentos subsidiados en un momento de desabastecimiento de más de dos tercios de productos básicos, Saab se convirtió en uno de los principales proveedores. Dos años más tarde, encabeza la misión venezolana para adquirir en Rusia e Irán “alimentos, medicinas, repuestos para las refinerías y diferentes empresas”. Y fue así como abrió la ruta del combustible iraní “por instrucciones, guía y visión del presidente Maduro”, a quien en 2017 dijo no conocer.

En junio de 2020, el empresario colombiano fue detenido en Cabo Verde por la orden de captura internacional que había emitido Estados Unidos. Desde entonces se ha enfrascado en una batalla legal para evitar su entrega a esas autoridades y asegura que de cumplirse su vida “correría peligro”.

Con un proceso abierto por presuntamente narcotráfico y lavado de dinero, la justicia del país del Norte acaba de abrirle otro, en el que implica a seis personas cercanas a él, entre ellos su socio, el también colombiano Álvaro Pulido, quien al parecer estaría en Caracas protegido por el régimen, el mismo que en un intento de blindar a Saab lo declaró negociador para el diálogo que se verifica con la oposición en Ciudad de México.

Extraoficialmente se informó que esta nueva causa judicial hace referencia a una operación internacional de lavado de dinero con giros bancarios realizados a través de bancos de Hong Kong, Panamá y hasta Oriente Próximo. Así, se estaría siguiendo el rastro de estos recursos movidos por Group Grand Limited, empresa cuyo directivo es uno de sus hijos: Sahdi Nain Saab Certain.

Saab ha reiterado que no colaborará con la justicia de Estados Unidos ni “traicionará” a Maduro.  Pero su entrega a dicho país es cuestión de tiempo.

“El Pollo” Carvajal

Con diversos recursos jurídicos, este exjefe de la Inteligencia venezolana ha frenado en España su extradición a Estados Unidos. El más reciente de ellos fue la entrega a un magistrado de la Audiencia Nacional de unos supuestos contratos del despacho de Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana Pdvsa, en el marco de unas pesquisas sobre terrorismo internacional que permanecen secretas.

De acuerdo con una información del “Pollo” Ilocad fue contratado por 8,8 millones de euros por Pdvsa para supuestas labores de “coordinación con la Fiscalía y los tribunales en España”. El despacho de Garzón explicó esta semana en un comunicado que fue contratado por el bufete americano Squire Patton Boggs, “que es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de Pdvsa y su filial Bariven”, para estudiar la viabilidad de emprender acciones legales en España contra varios empresarios y ex funcionarios de la petrolera venezolana por delitos de organización criminal y blanqueo.

Tanto la Audiencia Nacional como el Gobierno español dieron luz verde en 2020 a su entrega a las autoridades estadounidenses, que le reclaman por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, pero la extradición ha sido suspendida porque se creía que el asilo que solicitó en 2019 estaba sin respuesta, lo que ya fue aclarado, pero ahora plantea una ‘colaboración’ con la justicia del país ibérico entregando información de presunta corrupción de dirigentes del partido Podemos.

Además, ‘El Pollo’ habría dado informaciones sobre los supuestos nexos entre la hoy exguerrilla Farc, ETA y el Gobierno de Venezuela.

El otrora jefe de Contrainteligencia Militar con los gobiernos de Chávez y Maduro está perseguido por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, cuando habría pertenecido al llamado ‘Cártel de los Soles’, una organización criminal supuestamente gestionada por cargos ‘chavistas’ que, con la presunta colaboración de las Farc y otros grupos armados, habría introducido grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

El matrimonio Velásquez

Otro personaje otrora clase en el régimen venezolano es Adrián José Velásquez Figueroa ex jefe de seguridad de Hugo Chávez, quién se ha opuesto a su extradición a Estados Unidos por su presunta implicación en una trama corrupta señalando que tanto él como su mujer han colaborado con la Justicia de España, donde está detenido, en todo momento.

En la vista de extradición celebrada esta semana en la Audiencia Nacional se estudiaba la solicitud presentada por EEUU, que reclama a Velásquez por un supuesto fraude en el canje de divisas que también habrían protagonizado su mujer, Claudia Díaz -ex tesorera del Gobierno venezolano y antigua enfermera de Chávez-, y el jefe de Globovisión, Raúl Gorrín.

En su defensa, Velásquez ha recordado ambos entregaron documentación y las claves de los equipos electrónicos que tenían en su domicilio en España y que fueron reclamados en una comisión rogatoria con los Estados Unidos.

 

Fuente: El Nuevo Siglo

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