El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha decidido sacar a la extinta guerrilla colombiana de las Farc de su lista negra de organizaciones terroristas y ha notificado al Congreso de su intención, confirmó este martes a la agencia ‘EFE’ una fuente legislativa.
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Esa fuente del Congreso explicó que la notificación fue recibida este mismo martes, un día antes del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el extinto grupo guerrillero y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
La notificación al Legislativo estadounidense es el paso previo para la retirada de las Farc de la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado. No existe un plazo fijo para que esa nueva política entre en vigor, detalla en su web la cartera, que explica que el secretario de Estado, en este caso Antony Blinken, es el máximo responsable de esa resolución.
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Blinken podría haber tomado la decisión de manera discrecional o justificarla por dos circunstancias: que las razones que motivaron la designación terrorista ya no están vigentes o que sacar a ese grupo de la lista negra obedece a los intereses nacionales estadounidenses.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, rechazó confirmar en una rueda de prensa, este martes, si Biden ya ha llegado a una decisión final para retirar a las Farc de la lista y se limitó a decir que se estaba revisando la política hacia el antiguo grupo guerrillero.
“El Departamento de Estado ha dado al Congreso notificaciones sobre las próximas acciones en relación con las Farc“, se limitó a decir Price, quien rechazó dar detalles sobre el contenido.
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Fuentes con conocimiento del proceso habían adelantado a ‘The Wall Street Journal’ que el gobierno de Biden iba a retirar a las Farc de su lista negra.
Las Farc fueron incluidas en esa lista estadounidense de organizaciones terroristas en 1997. Como resultado, sus integrantes tuvieron prohibida la entrada a Estados Unidos y vieron restringido su acceso al sistema financiero internacional, basado en el dólar, entre otras acciones punitivas.
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EFE
Fuente: Portafolio
