El ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, acusó a la extrema derecha de llevar a cabo una “campaña de desinformación” para “satanizar” la ley que combate las ganancias ilícitas, finalmente derogada tras varios días de presiones e incluso amenazas de “tumbar” al Gobierno.
“Esa ley ha sido satanizada en medio de una campaña de desinformación muy dura, muy dura, algunos sectores de nuestra sociedad, yo diría inclusive de la extrema derecha, han pretendido hacer ver que esa ley iba a confiscar la propiedad privada”, ha lamentado el ministro.
Mayta ha condenado las estratagemas de la oposición durante las últimas semanas, “atizando el fuego” para “desestabilizar al Gobierno” con un argumentario con el que se ha pretendido hacer creer al pueblo boliviano que dicha legislación acercaría al país a una “sociedad comunista”.
El ministro de Exteriores ha subrayado que la Ley 1386 “no tenía nada de malo”, defendiendo que dicha norma “probablemente” se podría aplicar en otros países del entorno como Argentina, o Perú, e incluso “en Europa y otros continentes”.
“Son estándares internacionales y no había una mala fe o algo escondido del Gobierno, por eso se defendió hasta el momento de la conflictividad social”, ante la cual, ha dicho en una entrevista para Radio Fides, el Ejecutivo ha creído que lo “razonable” era derogarla.
Horas antes, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para tumbar una ley con la que el Gobierno pretendía luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, finalmente ha cedido a las presiones de la oposición ante el temor a un nuevo golpe de Estado, como el de 2019.
El Gobierno informó que pronto comenzarán las conversaciones con los sectores pertinentes para elaborar una nueva ley, cuyo borrador espera tener para diciembre. Mientras finaliza el proceso de derogación, con su posterior debate en el Senado, las protestas no han cesado.
Pese al reversazo del gobierno Arce, la oposición aumentó sus demandas y mantiene el paro que ya cumple una semana. El oficialismo anunció que defenderá al gobierno ante lo que considera un plan de “desestabilización” política.
La alcaldía opositora de La Paz, organizaciones civiles y un poderoso sindicato de comerciantes se reunieron para demandar la anulación de otras normas aprobadas por el gobierno de Arce este año, como un plan de desarrollo que, denuncian, desconoce regímenes de administración autónoma de alcaldías, gobernaciones regionales y universidades públicas, y otra de emergencia sanitaria que margina a los médicos en la toma de decisiones.
El alcalde opositor de La Paz, Iván Arias, comandó la reunión, dio lectura a las nuevas exigencias y dijo que “se acordó realizar una marcha de todos los sectores de la paceñidad [gentilicio] para el próximo miércoles 17” de noviembre.
Hace una semana comenzaron las protestas de opositores y sindicatos de comerciantes al menudeo y choferes en contra de una ley sobre blanqueo de capitales.
Los manifestantes también exigieron al gobierno que recupere el reglamento legislativo por el que algunas leyes y nombramientos necesitan de la aprobación de dos tercios del Congreso, lo que obliga al gobierno a negociar con la oposición.
Santa Cruz (este), capital económica de Bolivia y bastión de la oposición de derecha, mantiene un contundente corte de calles y avenidas. En otras ciudades, como Sucre (sureste), Cochabamba (centro) y Potosí (suroeste) habían similares cortes de vías, aunque con menor intensidad.
Fuente: El Nuevo Siglo
