Como nunca antes el régimen venezolano está sintiendo la presión de Estados Unidos ya que, en menos de una semana, aceleró los procesos judiciales, así como la extradición de algunos que abrió meses atrás contra antiguos colaboradores de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos tres colombianos.
Alex Saab, ya entregado por las autoridades de Cabo Verde a la justicia norteamericana; Álvaro Pulido Vargas, por quién el viernes ofreció hasta USD10 millones y Carlos Rolando Lizcano Manrique, socio de este último, son los tres colombianos requeridos conspiración para blanquear dinero, lavado de activos y sobornos, entre otros delitos.
Saab ya tuvo su primera comparecencia telemática ante la corte federal del distrito sureste de Florida donde el juez que John J. O’Sullivan le notificó “un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales y siete cargos de blanqueo de instrumentos monetarios” y, donde no hubo lugar a que hiciera pronunciamiento alguno. Se espera, tal como lo expresó el presidente Iván Duque, que entregue declaraciones que “muestren que en Venezuela hay una narcodictadura que ha pretendido usar esta red para lavar dinero”.
Duque fue más allá al señalar que “espero que (…) también sirva para que se consoliden las denuncias que de tiempo atrás viene haciendo Colombia, que es ese contubernio que tiene el régimen de Maduro con grupos terroristas y narcotraficantes”.
Y si bien Saab a través de una carta leída por su esposa, la italiana Camila Fabri, el mismo día en que fue extraditado desde Cabo Verde sostuvo que “no tiene nada que declarar”, a lo que ella adicionó que “(él) jamás se doblegará”, hay informaciones que señalan que el empresario colombiano y presunto testaferro del régimen venezolano habría iniciado conversaciones para colaborar con la justicia norteamericana desde hace semanas.
Como se sabe la justicia estadounidense acusa a este empresario de 49 años y a su socio Álvaro Pulido, hoy prófugo, de dirigir una amplia red para desviar fondos de un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Hace dos años un gran jurado en el Distrito Sur de Florida les imputó ocho cargos de lavado de dinero.
Según la acusación del 25 de julio de 2019, ambos lograron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos, y aprovecharon el tipo de cambio controlado por las autoridades de Venezuela para lucrarse e implementar un esquema de sobornos.
Los fiscales alegan que desde noviembre de 2011 y al menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido usaron el sistema financiero estadounidense para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas, transfiriendo 350 millones de dólares de Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
Si se confirma su culpabilidad, afrontan penas de hasta 20 años de cárcel.
Saab durante más de una década inició negocios con el gobierno venezolano. De contratista de viviendas sociales en ese país pasó a dirigir una red de importaciones para el régimen de Maduro, que le dio la nacionalidad, un título de embajador y luchó sin éxito para evitar su extradición a Estados Unidos nombrándolo representante de la delegación en los diálogos que sostenía con la oposición en Ciudad de México.
Por haber sido extraditado, Maduro rompió dichos contactos lo que llevó al Departamento de Estado a sostener que “Maduro está poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar, por encima del sustento de los millones de venezolanos que han dejado claras sus aspiraciones de democracia”.
La próxima audiencia del caso contra Saab tendrá lugar el 1 de noviembre.
En Colombia también se avanza en al menos dos procesos judiciales contra Saab, según indicó el fiscal Francisco Barbosa: “hemos presentado dos demandas por temas de extinción de dominio contra Alex Saab, que ya están muy claras y establecidas por parte de la Fiscalía y el juez, que ha llamado a juicio para el 25 de octubre”.
Agregó que las “acciones concretas” en los procesos “de extinción de dominio” contra el empresario colombiano ha sido “priorizadas” por su parte desde que llegó a la Fiscalía en febrero de 2020. Asimismo, dijo que hay un “proceso penal” contra el empresario.
De igual forma recordó que la Fiscalía tiene “mecanismos de cooperación judicial” con Washington “para establecer si existen personas que hayan desconocido la ley colombiana o sean parte de una red criminal que haya delinquido en el país, La Fiscalía investigará cada uno de estos hechos”.
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Los socios
Como parte de la ofensiva norteamericana contra esta red que operaba Saab para el régimen venezolano, el viernes anunció que ofrecía hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto del socio de éste, “Álvaro Pulido Vargas, ciudadano colombiano vinculado al corrupto régimen de Maduro”, según tuiteó el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price.
El Departamento de Estado señaló en un comunicado que esta oferta complementa el anuncio de una acusación penal de la fiscalía estadounidense contra Pulido “por lavado de dinero en relación con un esquema de soborno extranjero”.
El jueves, el Departamento de Justicia informó que Pulido, de 57 años, y otros dos colombianos y dos venezolanos fueron imputados por un gran jurado del Distrito Sur de Florida por su presunta participación en una red que blanqueó dinero de un programa para suministrar comida y medicina a Venezuela.
Según la acusación del 7 de octubre, Pulido y sus cómplices pagaron sobornos para obtener contratos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas en Venezuela a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de propiedad y control estatal.
Supuestamente inflaron los costos y, entre 2015 y 2020, se confabularon para blanquear el dinero obtenido.
De acuerdo con la acusación, los cinco imputados y sus colaboradores recibieron cerca de 1.600 millones de dólares de las autoridades venezolanas y transfirieron unos 180 millones a través o hacia Estados Unidos.
Por esto, Pulido, también llamado Germán Enrique Rubio Salas y apodado Cuchi, afronta cuatro cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para blanquear fondos, todos asociados con presuntas violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés).
También fueron acusados de los mismos delitos José Gregorio Vielma Mora, gobernador del estado venezolano de Táchira entre 2013 y 2017, y el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, de 32 años, así como el colombiano Carlos Rolando Lizcano Manrique, de 50 años, y la venezolana Ana Guillermo Luis, de 49.
Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo afrontan cuatro cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para blanquear fondos.
Si son declarados culpables, cada uno enfrenta una pena máxima total de 100 años de prisión.
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Canta ‘El Pollo’
La justicia estadounidense también ha acelerado otro proceso judicial que es considera clave para evidenciar las actuaciones del régimen de Maduro. Se trata de la extradición del exjefe de inteligencia del fallecido Hugo Chávez, Hugo “El Pollo” Carvajal, quien desde hace dos semanas en un intento para evitar su entrega a Estados Unidos está colaborando con la Audiencia Nacional de España.
Carvajal, que es requerido por tráfico de armas y drogas (habría hecho parte del Cartel de los Soles) ha denunciado la financiación que Caracas hizo a varias campañas electorales de izquierda, entre ellas la formación española Podemos, así como la presunta propiedad del exjefe de gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, de una mina de oro en Venezuela.
El pedido de extradición de Estados Unidos data de 2019 cuando el exjefe de espías venezolano fue detenido en España. En ese momento se denegó la solicitud alegando inconsistencias e incluso una “motivación política”, pero dos meses después la aprobó. Desde entonces, Carvajal ha interpuesto cuanto recurso legal tenía para evitarla y el último lo perdió el jueves, por lo que se autorizó su entrega a las autoridades norteamericanas.
Todo estaba previsto para que se surtiera este fin de semana, pero el viernes, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la suspendió por un error procedimental, desconociéndose cuándo la hará efectiva. Y si bien ha sido requerido como testigo en uno de los procesos, el de la presunta financiación ilegal de Podemos, causa que se reabrió por sus declaraciones, también los magistrados dejaron en claro que podría hacerlo desde Estados Unidos.
Como se ve crece la presión sobre el régimen venezolano y los procesos de la justicia norteamericana contra Saab, sus socios y ‘El Pollo’ pueden convertirse en una caja de pandora en su contra.
Fuente: El Nuevo Siglo
