Las extintas guerrillas de las Farc, reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz el delito de secuestro en el conflicto armado.
Durante la audiencia pública que se realiza este martes en la Biblioteca Virgilio Barco, el exlíder del grupo armado, Rodrigo Londoño, ratificó la aceptación del hecho.
“Venimos a asumir responsabilidad individual y colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización que desembocó en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Yendo en contra los valores en los que estaba inspirada nuestra lucha”, dijo Londoño.
También le pidió a otros exmiembros de las Farc, a que reconozcan el delito y entreguen información para la reparación de las víctimas: “Quiero llamarlos a que continuemos en esta tónica. Falta mucha verdad”.
Otro exintegrante que fue citado por la JEP, que aceptó el hecho, fue Rodrigo Granda, explicando que “fueron puestos fuera de combate para forzar un intercambio, un canje por guerrilleros que estaban en las cárceles”.
“Nunca imaginé que la guerra iba a alcanzar tales extremos de crueldad (…). Años después en la negociación en La Habana… entendí lo duro y desgarrador que eso sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos”, agregó.
También se pronunció Julian Gallo sobre el caso: “La guerra genera unas conductas, comportamientos e ideas que nublan la visión de quienes participan en ella. En el caso nuestro hoy tenemos que decir con claridad que nos avergüenzan estos hechos y conductas relatadas por las víctimas y organizaciones”.
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Previamente la magistrada Julieta Lemaitre afirmó que “el secuestro marcó un antes y un después en la vida de las víctimas y sus familias. A ello se suma el sufrimiento moral que sufrieron por los rumores respecto del buen nombre que se generaban por el secuestro”.
Agregó que “esto, en razón de que a veces el secuestro fue presentado como el resultado a una supuesta corrupción, o se justificó como reacción a un “mal comportamiento” generando estigmas que fueron alimentados por las justificaciones públicas de la guerrilla”.
Por su parte, el magistrado Eduardo Cifuentes explicó que “nuestro compromiso es hallar la verdad sobre el horror cometido en estas décadas por todos los actores (…). Perseveramos en el objetivo de reparar a las víctimas. El Estado y la sociedad, y ante todo los victimarios, se encuentran obligados a remediar el daño”.
Fuente: El Nuevo Siglo
